TIJUANA BC 29 DE OCTUBRE DEL 2019 (AFN).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que mediante la reunión de los elementos de prueba en la investigación, peritajes y testimoniales asentadas en expediente, se lograron penas acumuladas por 770 años contra 11 acusados de secuestro agravado. 

La PGJE informó que los integrantes de esta banda dedicada al secuestro y la privación ilegal de la libertad y a quienes  se les sentenció a 70 años de prisión individual son:

Blanca Azucena López Medina, de 33 años, originaria de Culiacán.

Hilda Socorro Morquecho Serna, de 37 años, originaria de Chihuahua.

Fernando Sánchez Pelayo,  de 29 años, originario de Tijuana.

Genaro Manuel Mendoza Arellano, de 28 años originario de Tijuana.

Guillermo Quiroz Moreno, de 38 años,  originario del Distrito Federal.

Iván Enrique Osornio Bernal, de 38 años, originario de Navojoa.

Jesús Antonio Merino Clemente, de 22 años, originario de Tijuana.

Jonathan Cuauhtémoc López Pérez, de 29 años, originario de Tijuana.

Jorge Daniel Vázquez Aparicio, de 24 años, originario de Tijuana.

Oscar Daniel Rodríguez Caro, de 22 años, originario  de Tijuana, y

Reynaldo García Torres de 32 años, originario de Tijuana.
 
La Dependencia informó que el día 24 de marzo del año 2017, aproximadamente a las 16:50 horas se privó de la libertad a una persona del sexo masculino de 46 años de edad, de oficio carrocero.

El ofendido fue plagiado cuando varios sujetos llegaron con armas de fuego al taller de carrocería y pintura ubicado en la colonia El Rubí de esta ciudad, abordándolo a su propio vehículo Nissan Versa color blanco, modelo 2012, sin poder resistirse a la privación de su libertad.

Luego de la huida cambiaron de vehículo a escasos metros del negocio, subiéndolo a una Chevrolet Suburban, color dorada, trasladándolo hasta una casa de seguridad en la calle Providencia del fraccionamiento García en Tijuana.

En ese lugar lo mantuvieron cautivo hasta el 29 de marzo de 2017, tiempo en el cual a la víctima la golpearon, además de que sufrió múltiples vejaciones y actos de tortura tanto física como moral, resintiendo en su humanidad hasta toques eléctricos.

El 29 de marzo del año 2017, elementos de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, implementaron un operativo policiaco el cual dio como resultado el rescate con vida de la víctima.

La víctima se encontraba en uno de los cuartos de dicha vivienda, atado de pies y manos con cadenas metálicas y candados, vendado de los ojos, en condiciones completamente deplorables, con múltiples lesiones visibles y con una evidente afectación psicológica.