TIJUANA BC 9 DE JULIO DE 2025 (AFN).- Por incurrir en violaciones a los derechos de una mujer indígena de origen mixteco en Tijuana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) informó que se emitieron dos recomendaciones hacia autoridades; la número 2/2025 dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm) de Tijuana, y la 3/2025 a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ombudsperson, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, expuso que demostraron "omisiones de las autoridades al no garantizar la protección de la víctima, lo que refleja tanto la violencia sistemática ejercida por los agresores como la violencia institucional al buscar justicia"; lo que representa una violación al deber de debida diligencia del Estado, según lo establecido por normativas nacionales e internacionales.

Sobre los hechos, se informó que el pasado 24 de enero de 2024, una mujer indígena mixteca de 34 años (identificada como "V"), oriunda de Guerrero, denunció en dos ocasiones que fue vulnerada en sus derechos humanos por parte de autoridades municipales y estatales.

Dijo que días antes fue a un bar en la avenida Revolución y que al salir abordó un taxi libre, cuyo conductor se desvió de la ruta, la llevó contra su voluntad a una colonia distinta, donde la agredió y "le infringió violencia física y sexual".

La mujer escapó y, en medio de una crisis por lo ocurrido, con miedo de ser alcanzada por su atacante, corrió olvidando sus pertenencias, descalza y semidesnuda; brincó una reja e ingresó al patio de un domicilio, donde cayó al piso y se lesionó la pierna y el brazo izquierdo; un residente llamó a una patrulla mediante la línea 9-1-1; y dos policías que arribaron le ordenaron bajar de una barda y amenazaron con dispararle si no obedecía.

"Cuando ella se bajó, uno de los oficiales le colocó candados de mano (esposas); posteriormente, V contó lo ocurrido. El residente del domicilio le entregó un mallón para que se cubriera y V solicitó a los policías la llevaran a su casa, abordando a V a la patrulla", se indica en el documento de la CEDHBC.

"Durante el trayecto, los oficiales tomaron la decisión de abandonarla bajo un puente a la altura del Libramiento Sur y el bulevar Cuauhtémoc, a la altura del Puente Panamericano, sin brindarle los servicios de seguridad y protección conforme al ámbito de sus atribuciones", se dio a conocer.

La fémina acudió a esta Comisión Estatal un día después, donde se comisionó a una visitadora para que acompañarla a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, adscrita a la FGE, a presentar la denuncia penal correspondiente; y se interpuso una queja ante la CEDHBC en contra de la autoridad por "la falta de protección y del trato recibido", lo que consta en el expediente CEDHBC/TIJ/Q/34/2024/VG.

La CEDH informó que una agente de la FGE fue al domicilio de V, la interrogó "adoptando una actitud agresiva", le exigió ir nuevamente a proporcionar información adicional; y un después, cuando la mujer se presentó a la comparecencia, "la misma servidora pública incurrió nuevamente en una conducta inapropiada y carente de profesionalismo, al asumir una actitud hostil, poner en duda la veracidad de su testimonio e insinuar su posible responsabilidad en los hechos".

"V fue amenazada con ser encarcelada en caso de que su declaración resultara falsa, lo que le generó sentimientos de intimidación y culpabilidad. Cabe señalar que lo 
anterior ocurrió en presencia de personal de la CEDHBC, circunstancia que dio origen al expediente CEDHBC/TIJ/Q79/2024VG", se indicó.

Ante los hechos, se radicaron dos expedientes por actos y omisiones atribuibles tanto a la Sspcm de Tijuana y a la FGE, obtuvieron elementos de prueba, y su valoración permitió acreditar que hubo "vulneraciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad", omisión del deber de cuidado y debida diligencia, entre otras omisiones.

En las recomendaciones, la CEDHBC solicitó a ambas autoridades que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California, realicen las acciones necesarias para localizar a V, le otorguen la atención psicológica, psiquiátrica o de tanatología que requiera, y anexar copia de esto a los expedientes laborales de las autoridades responsables, y ante la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, lo mismo que a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la FGE.

En lo que respecta a la Sspcm, la CEDHBC solicitó instruir a todos los elementos policiales para que, al conocer hechos de un posible delito relacionado con violencia de género, se cumpla el marco normativo nacional e internacional de derechos humanos, garanticen la protección integral de las mujeres con perspectiva de género; e impartir a todos los miembros de la Secretaría un curso integral, teórico y práctico, en materia de derechos humanos y derecho de las mujeres.

Para la FGE, se solicitó emitir una circular a todo el personal instruyendo que, en casos de delitos relacionados con violencia de género, las mujeres víctimas sean atendidas desde el primer contacto por personal especializado en investigación con perspectiva de género, a fin de prevenir prácticas que puedan revictimizarlas, discriminarlas o minimizar sus declaraciones; recibir un curso integral en materia de derechos humanos y derecho de las mujeres, y fortalecer las áreas responsables de la atención a víctimas de violencia de género.

También se recomienda a la FGE celebrar convenio de colaboración con instituciones especializadas en traducción, y/o asociaciones de pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de que, en los casos en que una mujer indígena presente una denuncia por violencia de género, se garantice su atención en todo momento por parte de traductores o intérpretes que hablen su lengua originaria y comprendan su contexto cultural.

"Las recomendaciones tienen el carácter de públicas y se solicita la respuesta sobre su aceptación dentro del término de diez días hábiles siguientes a su notificación", se informó, y en caso de no ser aceptadas o cumplidas por las autoridades, la CEDHBC podrá hacer pública tal circunstancia "y la Legislatura Local podrá llamar a las autoridades o personas servidoras públicas responsables para que comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa".

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