*.- Organización afirma que su detención fue "ilegal"

TIJUANA BC 25 DE OCTUBRE DEL 2019 (AFN).- La detención de un hombre con una maleta en la que transportaba restos humanos en Tijuana fue ilegal por lo que un abogado podría liberarlo ya que se violentaron sus derechos humanos, afirmaron representantes del Observatorio Nacional Sobre Detenciones Arbitrarias en México al presentar un diagnóstico en el que determinaron que se ha institucionalizado las irregularidades en las practicas policiacas y en lo que ellos llaman “operativos”.

En rueda de prensa se indicó que casos como el registrado la noche de este jueves en Tijuana donde elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre por su actuar sospechoso cuando transportaba una maleta que al ser revisada contenía restos humanos y una cartulina, es un ejemplo de detenciones arbitrarias de las que se están registrando en el país y en las cuales no se ha puesto atención a nivel nacional, pues no se respetó el protocolo establecido para realizar un arresto, según indicó Sofía Córdova, directora de Educación y Ciudadanía en San Luis Potosí.

Agregó que en este observatorio no busca restringir el proceso policial, sino que se desarrolle con apego al protocolo, pues establece que como primer respondiente debe haber flagrancia, actuación en caso de emergencia y con orden de aprehensión, por lo que los resultados aparentemente positivos de estas detenciones arbitrarias no deben de justificar la violación a los derechos humanos porque la impunidad recrudece los delitos.

Rebeca Maltos, directora de Gente Diversa Baja California e integrante de este observatorio indicó que en el caso en cuestión como en muchos otros que se están registrando en el estado, no se respetan los protocolos de actuación que deben seguir las fuerzas policiacas que con pretexto de la seguridad y combatir el delito caen en otro que es la violación del derecho humano.

Si se le puede detener a una persona que trae todos sus documentos, no se le debe empujar, apuntó, pues hay casos en los que se detiene a un joven para que informe de la ubicación de las tienditas, por lo que hay una cifra subterránea que no se presenta por miedo a la policía, que debería estar bien capacitada para llenar el Informe Policial Homologado (IPH), por lo que en breve establecerán un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que ahí atiendan este tipo de denuncias. 

Asimismo, indicó que los medios de comunicación no mencionan una sola nota de detenciones arbitrarias, pues las llaman a las redadas u operativos, mientras que el Consejo de la judicatura en el estado ha tiene un registro documentado sobre detenciones legales, no legales y las no determinadas, con lo cual se establece que hay una política del estado que no quiere llamar las cosas por su nombre.

Precisó que en Mexicali, Tecate y Tijuana, donde se concentra el 82% de la población y se da el 73% de las detenciones según la Secretaria de Seguridad Publica, según entrevistas que han sostenido con titulares de los tres municipios, el problema de las detenciones arbitrarias es invisible, pues no lo ven como una situación que requiera atenderse cuando es el primer momento en que no se reconocen a una persona como sujeto del derecho a transitar y de vestimenta, ya que muchos son detenidos por su apariencia. 

Precisó que en Mexicali se ha documentado el caso de una mujer transexual que se estaba defendiendo de un cliente cuando le estaba robando su bolsa y estuvo detenida tres meses esperando reunirse con un juez que al final la dejó en libertad, sin que ninguna autoridad resarciera el daño causado por su detención, por lo que sostuvo que los rondines y operativos no deben ser la forma en la que deben trabajar los cuerpos policiacos.

Agregó que en Baja California hay sectores muy identificados como víctimas de las detenciones arbitrarias, y son jóvenes hombres de colonias populares, además de que aquí se vive un fenómeno de movilidad urbana, donde poblaciones migrantes son vulnerables, así como los indígenas, discapacitados, trabajadoras sexuales, personas trans, defensores de derechos humanos y periodistas. 

Sofía Córdova precisó que hace un ano que nació el Observatorio Nacional Sobre Detenciones Arbitrarias en México se realizó un diagnóstico durante el régimen del Presidente Enrique Pena Nieto donde en base a informes del Sistema Nacional de Alerta en Violaciones a Derechos Humanos entre 2014 y 2018.

El diagnostico indica que las detenciones arbitrarias es el hecho violatorio más destacado que no ha aterrizado en el campo de lo jurídico desde organismos internacionales, lo cual dificulta su identificación porque vulnera derechos de jóvenes, pero responde a una dificultad de pensar en la política de seguridad y por ello la sospecha en elementos policiales es una práctica institucional

Agregó que en la detención arbitraria a personas jóvenes domina la sospecha que no es reconocible en lo legal y afecta a personas principalmente entre los 13 y 29 años, que se encontraban realizando sus actividades cotidianas en espacios públicos cuando generaron la sospecha de que cometerían un acto vandálico y son un constante peligro para la sociedad 

Precisó que las detenciones arbitrarias son invisibles ante la autoridad y se vinculan a otras prácticas de violaciones derechos humanos como la tortura, trato cruel y ejecuciones extrajudiciales según se documentó con entrevistas estructuradas y cartografía social en un diagnóstico que se ha hecho en varias entidades del país, entre ellas Baja California, durante el sexenio de EPN y sobre todo ante la incorporación de la Guardia Nacional a la estrategia de seguridad, donde también se revisa el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que es garantista y genera nuevos retos 

Por su parte, Laurencio Barrasa del Centro de Investigaciones Desarrollo de Proyectos de Desarrollo y Salud (CIDESES) en Chihuahua afirmó que en Tijuana como en Ciudad Juárez, donde compartieron al Teniente Coronel Julián Leyzaola como Secretario de Seguridad Pública se registraron 100 mil jóvenes que sufrieron detención arbitraria, persecución constante que incluía denigrarlos, criminalizarlos, testimonios de violaciones de derechos graves, por lo que sostuvo que esto se ha convertido en una práctica institucional que no quiere dejar de ser, y la ciudadanía no se pregunta si los oficiales están actuando con apego a la ley porque se ha normalizado la violencia.