MÉXICO DF 24 DE ENERO DE 2016 (La Silla Rota).- Humbero Moreira, ex gobernador de Coahuila, fue puesto en libertad el pasado viernes por el juez español Santiago Pedraz, después de que el defensor del priísta presentara un documento de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que se le exculpa de estar vinculado con el cártel de Los Zetas y de haber lavado dinero del narcotráfico, lo que permitió que se decretara su salida de la cárcel madrileña de Soto del Real.
Un acta fechada el 12 de noviembre de 2014 tiene archivada una denuncia anónima hecha por correo electrónico contra Moreira, en la cual se le acusa de “narcotráfico, alianza y protección a Los Zetas, nepotismo y endeudamiento estatal por 22 años y enriquecimiento ilícito”.
De acuerdo con El Universal, la denuncia anónima que figura en el documento indica que “Humberto Moreira permitió a Los Zetas el establecimiento de más de 400 tienditas expendedoras de drogas y alcohol en Saltillo y área conurbada, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales”.
También se le acusa de enriquecimiento ilícito, además de haber adquirido “un avión Ejecutivo Lear Jeat de 4.5 millones de dólares, la construcción de un complejo turístico de cabañas en Aspen, Colorado; bodegas industriales al norte de Coahuila, ranchos y terrenos en zonas industriales privilegiadas, y una casa en San Antonio, Texas, de 56 millones de dólares”.
Ciro Osvaldo Hurtado Mendoza, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Alteración de Moneda, no encontró en la investigación indicios que sustentaran la denuncia anónima.
El agente ministerial de la PGR consideró en su informe final que no hay pruebas “para acreditar la existencia de un delito” y concluyó que “no existen indicios de que el investigado se encuentre lavando dinero”, por lo que el asunto se archivó.
La Fiscalía Anticorrupción española tiene de tres y cinco días hábiles para apelar la libertad, si no lo hace, el caso sería sobreseído.