Por Dianeth Pérez Arreola

MEXICALI BC 31 DE ENERO 2025 (AFN).- El pasado 21 de enero, ciudadanos de Tecate interpusieron una denuncia contra la empresa Iberparking por el delito de fraude, y contra el expresidente municipal Darío Benítez y contra la síndico municipal Sarahí Osuna Arce por omisión, encubrimiento y abuso de autoridad. 

La denuncia se registró con el NUC  0203-2025-00163 por parte de integrantes de la Organización en Defensa de los Derechos de los Tecatenses (ODDT), quienes sostienen una larga batalla legal contra la empresa que entró a unos días de terminar la administración municipal del priísta César Moreno.

La abogada Anabel Vázquez explicó que la empresa se contrató con condiciones leoninas, siendo el 75% de las ganancias por cobro de estacionamiento en las calles de Tecate para Iberparking y el 25% para el Ayuntamiento de Tecate y que nunca ha habido cuentas claras sobre los ingresos ni el destino de los recursos.

La empresa instaló módulos de cobro, y podía inmovilizar vehículos y llevárselos al corralón si no pagaban la multa correspondiente, pero nunca tuvo los permisos necesarios para operar, y la fianza estipulada en el contrato solo fue cubierta por Iberparking el primer año de operación, el 2017, añadió.

Elsa Macías, exdirectora de Seguridad Ciudadana dijo que no tenía personal para auxiliar a Iberparking porque el contrato estipulaba que la dependencia, a través de agentes de la policía municipal, auxiliaría a la empresa para multas, inmovilizaciones y remolques, pero sí envío una lista con agentes designados para esa función, por lo que declaró en falsedad, relató. Se amparó contra consecuencias legales y terminó pagando una multa, añadió.

Los gafetes que tenía el personal de Iberparking nunca estuvieron autorizados por la tesorería ni la presidencia municipal, a pesar de que en el reverso llegaron a ostentar como autorización, esos nombres y cargos, pero sin firmas ni sellos oficiales.

Judith Armenta, quien fue regidora de MC en el 22 Ayuntamiento encabezado por Nereida Fuentes González, subrayó que el contrato firmado básicamente convertía a los agentes de la policía municipal en trabajadores de la empresa.

Tras intentar rescindir el contrato, la empresa se amparó en 2019, y al conceder el amparo, le dieron 15 días para responder a los señalamientos legales. Iberparking respondió hasta el 2022. Un juez le señaló que presentó de forma extemporánea su recurso de inconformidad y en julio de 2023 confirmó que es infundado su recurso de repetición del acto señalado, debido a la tardanza de su reacción, precisó.

En el 24 ayuntamiento, Darío Benítez, alcalde de Tecate, declaró en falsedad porque esa administración ya tenía información sobre la determinación del juez, manifestó.

La abogada Vázquez agregó que el exdirector jurídico, Frank Ortiz González mencionó que había una resolución legal favorable para la empresa y que retomarían el cobro del estacionamiento para no caer en omisiones, lo cual no era cierto y además el contrato con la empresa no se mencionaba en la Ley de Ingresos del municipio.

La ahora síndica procuradora, Sarahí Osuna Arce era regidora en la pasada administración. Ella les ocultó información y sabe que la empresa no tiene permisos e incurrió en faltas y aun así pretendían que operara, indicó. Además Román Cota ratificó como jurídico a quien ocupaba ese cargo en la pasada administración, Omar Dustan Lozano. 

La comunicación pública más reciente de Iberparking señala que la operación de las máquinas recaudadoras del cobro de estacionamiento eran una prueba de funcionamiento y que eran de uso voluntario. Además, la propia empresa admitió que no cuenta con los permisos necesarios para su funcionamiento, expresó Vázquez.

Por su parte, Armenta declaró que a los siete días de iniciada la administración del morenista Román Cota le entregaron toda la información recabada sobre el caso, para que pidiera la rescisión del contrato, y a la fecha no han tenido respuesta de qué pasará con el caso.

El alcalde informó que llevarán a cabo una negociación para pedir la rescisión anticipada del contrato. La semana pasada se instaló el comité de vigilancia, que es el ente que va a supervisar esta mesa de negociación que tenemos con la empresa, afirmó.

Cota declaró que si hay responsabilidad de funcionarios, que “caiga quien caiga; que haga la fiscalía su trabajo y si hay omisiones y si hay responsabilidades que se finquen y que se castigue a quien haya actuado fuera del marco legal”.