Tijuana BC 19 de octubre de 2014 (AFN).- “Desde el Congreso del Estado debemos fortalecer las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para promover inversiones y generar empleos”, destacó el diputado local Mario Osuna Jiménez, quien ratificó su compromiso de impulsar y fortalecer las leyes estatales orientadas al desarrollo económico y sustentable de Baja California.

Al hacer una evaluación de su primer año de gestión legislativa, el legislador por el Partido de Acción Nacional (PAN), destacó la necesidad de generar mayores políticas públicas que detonen el desarrollo económico en beneficio de las familias.

Precisó que una de las acciones que permitirá el desarrollo económico  y la creación de fuentes de empleos es garantizar a los bajacalifornianos el derecho a adquirir una vivienda acorde a las normas internacionales, por lo que se dio a la tarea durante este año legislativo de impulsar una iniciativa de ley que permita a todo ciudadano contar con un espacio digno, decoroso y adecuado a las necesidades de su familia.

Mencionó que, a la par con ello, se reestructuró la política estatal de vivienda fortaleciendo al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) en el Estado, para hacer más eficiente la participación de la iniciativa privada.

Con ello, afirmó, habrá más acceso a la vivienda para personas en situación de pobreza, se promoverá la creación de fondos e instrumentos que generen competitividad de vivienda y suelo, se ofrecerá seguridad jurídica y programas para que los insumos y materiales de construcción sean accesibles.

Osuna resaltó que otro punto clave para el desarrollo económico, es llevar a cabo una Reforma Urbana en la entidad, ya que por ejemplo “Tijuana es nuestra casa y es urgente que quienes vivimos en ella la tratemos con respeto”.

Agregó que ubicar a Tijuana como un modelo a seguir en términos de desarrollo sustentable, es otra de las prioridades, y que para lograr este objetivo se requiere de un acuerdo entre todos los actores involucrados; motivo por el que se  ha dado a la tarea de buscar consensos en el sector de la construcción, desarrolladores de vivienda, colegios de arquitectos e ingenieros y también de las Universidades con el fin de actualizar la Ley de Desarrollo Urbano que en Baja California, data de los años sesentas.