TIJUANA BC 2 DE JULIO DE 2025 (AFN).- Luego de nueves meses solicitando a la Secretaría de Educación del Estado actualizar los protocolos de seguridad escolar, maestros de distintas organizaciones sindicales tuvieron una mesa de trabajo ayer martes con los representantes de dicha dependencia gubernamental, informó Erick Díaz Preciado, integrante del Comité Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California.

En entrevista con AFN Tijuana, Díaz Preciado detalló los pormenores de la reunión que mantuvieron en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Mexicali, a la que asistió la subsecretaria de Educación Básica, Dulce María Jáuregui Santillán.

Planteó que la principal demanda que hicieron a las autoridades estatales, fue que se garanticen los derechos de los maestros dentro de los planteles educativos, derivado del caso de Esteban Canchola, quien en días recientes fue encontrado culpable por la presunta omisión de cuidados que derivó en la muerte de un menor.

No obstante, el docente señaló que no es la primera vez que solicitan a la Secretaría de Educación actualizar los protocolos de seguridad escolar, pues dijo que dicho planteamiento fue expuesto desde hace unos nueve meses.

“Nosotros ya traíamos dentro de nuestras cuestiones y reclamos que los protocolos de actuación no eran los correctos, toda vez que no protegían ni estaban muy claros en las responsabilidades de los docentes, y miramos venir esta situación hace mucho tiempo”, aseguró.

Reconoció que la principal demanda del magisterio es que no se les responsabilice de situaciones que están fuera de sus facultades, pues recordó que el percance del que Esteban Canchola fue acusado, ocurrió dentro del plantel pero tiempo antes de iniciar el horario de clases.

Subrayó que entre las propuestas del magisterio se encuentra una modificación al artículo 57 del Código Penal de Baja California, para que cuando el personal del centro educativo active el protocolo de seguridad escolar, la responsabilidad del menor pase a las instancias correspondientes, ya sea la Fiscalía General del Estado (FGE) la institución de seguridad social o bien, sus padres o tutores.

Además precisaron la necesidad de contar con la infraestructura escolar adecuada y consultorios de primeros auxilios dentro de los planteles con el personal profesional para poder ser operado.

Agregó que la reunión mencionada fue convocada por los propios representantes del sistema educativo, a la que se sumaron líderes sindicales y educadores de todo el Estado para prevenir que se vuelvan a presentar situaciones de ese tipo.