Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI BC 24 DE JUNIO 2025 (AFN).- En el país existe justicia selectiva, al haber distintos regímenes de seguridad social, y pocas previsiones para mitigar el caos que se avecina sobre todo en los Estados, afirmó el abogado Guillermo Rivera Millán, fundador de la asociación civil “Justicia que transforma México”
Recordó que el gobierno federal anunció el 23 de junio de 2025 una reducción escalonada de la edad mínima de jubilación para maestros del régimen transitorio del ISSSTE, y aunque el anuncio fue presentado como un acto de justicia social -lo que parecía una transformación estructural-; es en realidad una decisión sectorial, parcial y profundamente disruptiva para el equilibrio previsional del país.
Explicó que la medida fue a raíz de la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el tema era fiscalmente complejo, terminó cediendo con un decreto aún no publicado, que carece de lineamientos técnicos y previsión intergubernamental.
“El mensaje es claro: el "no se puede" de ayer, sí se pudo”, siempre que haya suficiente presión social.
Sin embargo, esta “corrección histórica” deja fuera a millones: aquellos que migraron a otras opciones sin la información adecuada, quienes ya se jubilaron bajo reglas más estrictas, y los que trabajan en sistemas estatales que han replicado e incluso endurecido la Ley del ISSSTE de 2007, refirió.
Rivera Millán detalló que se estima un costo de 36 mil millones de pesos en el sexenio y hasta 80 mil millones al 2034, sin reformar el sistema de financiamiento, ni abordar la base estructural que deteriora las pensiones: el cálculo en UMA, la baja tasa de reemplazo, y la fragmentación institucional, por lo que el verdadero impacto se sentirá en los Estados.
Precisó que cerca de veinte entidades federativas operan con esquemas similares o más severos que el ISSSTE, muchos con tablas de edad gradual que alcanzan los 65 años; incluso existen entidades que pretenden aumentar la edad hasta los 70 años.
Baja California, Sonora, Estado de México, Zacatecas y Jalisco, entre otros, han reformado leyes locales bajo el argumento de sostenibilidad y esperanza de vida, una narrativa validada por la Suprema Corte. Hoy, esa narrativa colapsa ante una excepción presidencial que abre la puerta a litigios, demandas de homologación y un rechazo social a las reformas locales en curso.
Este precedente también expone a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por más de una década, el máximo tribunal respaldó —durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, incluso en el de Andrés Manuel López Obrador— las reformas regresivas al sistema de pensiones, incluyendo el endurecimiento de requisitos y la gradualidad en la edad de jubilación, concluyó.
“Esta situación representa, en realidad, una fractura mayor: una señal de que las reglas previsionales son reversibles cuando el poder lo desea o necesita”, manifestó el abogado.
México opera con múltiples regímenes de pensiones, muchos de ellos con pasivos crecientes, en quiebra técnica o bajo esquemas sin control actuarial ni vigilancia institucional. Se requieren soluciones diferenciadas y construir un marco nacional que detenga el descontrol, ponga fin al saqueo y corrija la mala administración en los sistemas estatales, concluyó.
