Columnista de La Silla Rota Simón Vargas

 

Y es que, tras un año en el que México entró a un proceso de reformas y cambios estructurales que tienen por objetivo mejorar la economía y promover el desarrollo en el país, el apoyo popular hacia la administración del presidente Enrique Peña Nieto cerró a la baja.

 

De acuerdo con una encuesta publicada por el diario Reforma, de julio a diciembre de 2013, la aprobación de Peña Nieto cayó 8 puntos entre ciudadanos y 27 puntos entre líderes de opinión; para situarse en 44 y 40 por ciento, respectivamente. Asimismo, el 69 por ciento de los líderes de opinión y el 59 por ciento de los ciudadanos opinan que el gobierno de Peña Nieto ha cumplido poco o nada con sus expectativas.

 

Esto, a pesar, de que durante el año pasado, el gobierno federal destacó que entre sus mayores logros para “mover a México” estuvo la aprobación de las reformas en materia educativa, de telecomunicaciones, financiera, hacendaria y energética. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de las modificaciones a la Constitución no logró completar el proceso de creación de leyes secundarias para ser una realidad.

 

Por ejemplo, en junio, el presidente Peña Nieto firmó el decreto de la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, la cual fue promulgada el 10 de junio y publicada en el Diario Oficial de la Federación; pero, el 9 de diciembre pasado venció el plazo de 180 días para que, una vez promulgada la reforma, el poder legislativo discutiera y aprobara las leyes reglamentarias; por lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no cuenta con un marco legal para actuar pues no se han modificado la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley Federal de Derecho de Autor.

 

Del mismo modo, la reforma financiera aún está en manos del Ejecutivo Federal para su promulgación. En cuanto a la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en noviembre pasado los Senadores y Diputados la aprobaron; pero, aún falta que sea votada y ratificada en la mayoría de los congresos locales para que sea una realidad a nivel constitucional.

 

En cuanto a la reforma energética, el 18 de diciembre se declaró constitucional por el Poder Legislativo y el 20 de diciembre se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación; pero, no se han discutido las leyes secundarias.

 

En contraste, la reforma educativa que modifica los artículos 3° y 73 constitucionales, es la que ha tenido más avances; además de su promulgación el 25 de febrero de 2013, en septiembre, fueron presentadas las leyes secundarias que incluyen la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente; no obstante, algunos sectores del magisterio continúan rechazando las modificaciones y se está en proceso su implementación.

 

Pero, el verdadero reto para capitalizar estos cambios estructurales y traducirlos en apoyo y aprobación por parte de la ciudadanía hacia la administración federal, será elaborar e implementar leyes secundarias que impacten positivamente en la aceleración de la economía y en la mejora de la situación de millones de mexicanos que actualmente viven por debajo de la línea de bienestar, porque estas leyes son los instrumentos jurídicos que definen los cambios del modelo regulatorio.

 

Al respecto, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, afirmó que “el reto de 2014, es que las reformas que ya fueron aprobadas en el Congreso de la Unión tengan leyes complementarias que permitan su implementación al 100 por ciento”; añadiendo que “las reformas son la pieza fundamental de una estrategia que pretende lograr un crecimiento sostenido y elevado para las próximas décadas”.

 

Para analistas del Instituto México del Centro Wilson es destacable la lista de “victorias” que representan las reformas aprobadas para el Gobierno Federal, sobre todo después de que desde 1997, ningún partido político ha mantenido la mayoría en el Congreso; pero ellos también destacan que “los cambios estructurales serán mínimos si el Gobierno no los logra traducir en una legislación que brinde beneficios para los mexicanos, quienes desean una economía fuerte y empleos mejor pagados”.

 

Por ello, durante el próximo año se debe continuar construyendo el diálogo político que permita materializar las reformas estructurales y dé la bienvenida al desarrollo y crecimiento a largo plazo que tanto anhelamos, ya que sólo a través de la estrategia y del análisis del beneficio y del daño se podrá concretar un proyecto de nación próspero e incluyente.