Columnista de La Silla Rota  Genaro Góngora PImentel

 

No encontramos alguna solución que resuelva esta situación, pero hay algunos argumentos que pueden llevar esto a un punto razonable. En primer lugar, la mayoría de estas decisiones que dejan algunos años para que nos podamos enterar de la verdad, no son ciertos; muchos de estos asuntos no son creídos incluso por las mismas autoridades que se encargan de decidir cuantos años deben de “esconderse”. Las frases fundamentales que usan son “la seguridad nacional”, o bien “por así convenir al país”, o por “la seguridad de la institución”, todos y digo “todos” deben ser objetados con fuerza, para separar lo que realmente no es cierto, de lo auténtico. Pero esto no habrá de eliminar todas las disputas. Habrá algunos casos en que sí exista un conflicto insuperable entre la seguridad de las instituciones y la libertad. En caso de duda, conforme a las disposiciones constitucionales, siempre deberemos optar por la libertad, aun cuando hay casos en que aún la simple presunción no resuelve el problema: el argumento de la seguridad de la institución puede parecer lo suficientemente poderoso para vencer en contra de la libre expresión.

 

 En estos casos debemos desarrollar mecanismos para resolver estos problemas. La resolución no puede dejarse en las manos de los responsables de la seguridad o de la vigilancia de los derechos humanos, como lo demuestra la decisión del SAT de no dar a conocer los nombres de las personas a las que no se les cobra los impuestos, las enormes cantidades que en ésta se decidió, y, desde luego, el apoyo que en estos asuntos dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inexplicable porque el secreto viola el acceso a la información pública.

 

 Afortunadamente, creo que en el futuro, habrá mexicanos que combatan estas decisiones, aún en periodo de crisis. En nuestro sistema constitucional bastará una sola persona que pudiera argumentar violación a su interés legítimo para promover un amparo ante la Justicia Federal.

 

 Con esto no quiero sugerir que la justicia, o si se quiere, las leyes, deban permanecer ciegos frente a la existencia de una necesidad de guardar en secreto, al menos para algunos años, los problemas institucionales, no, desde luego, la Constitución y los derechos humanos, protegen contra la violación de los derechos de los ciudadanos a conocer a verdad, pero no son suicidas.

 

 Es precisamente durante los tiempos de crisis en que debe hacerse el balance entre dar al público el conocimiento de lo que ha pasado y la necesidad de salvaguardar a las instituciones; aquí el Poder Judicial Federal puede llevar a cabo su más crítica función: preservar el sentido de la perspectiva.

 

 En la eterna lucha entre la libertad y la seguridad, nos hemos acostumbrado a que las ramas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, se inclinen por la última. El Poder Judicial con su tradición de independencia y su continuidad en el tiempo viene a ser el único que puede salvaguardar nuestros derechos, es, sin duda, la institución más capaz de resistir los temores y los momentos de peligro.

 

 La libertad no es una comodidad que puede obtenerse para siempre y simplemente gozar de ella sin problemas. La batalla por las libertades civiles nunca puede darse por ganada definitivamente.