Por: Marco Antonio Samaniego

TIJUANA BC 31 DE MARZO DE 2023.- La muerte de 39 personas en Ciudad Juárez es una desgracia en todos los sentidos. Es un mensaje a la sociedad mexicana de que las prácticas que se han generado en torno al proceso migratorio siguen en los mismos niveles que hace un siglo.   No importa si sea la 4t, los panistas o los priistas en el poder. Los hombres que murieron no habían cometido ningún delito, y no es explicable que estuvieran en condición de encarcelados. 

Murieron porque las leyes migratorias de Estados Unidos han generado una condición de tercer país, sea del agrado o no de las autoridades mexicanas. La idea de ser un país de espera, puede ser molesta, pero es una realidad en la quienes habitamos en las zonas fronterizas, sabemos que desde hace muchos años, ha sido una condición de facto. La legislación puede decir una cosa u otra, pero la realidad es que desde hace muchas décadas extranjeros que pretenden ingresar a Estados Unidos, han permanecido en México por  semanas o meses. Puede existir acuerdo o no, pero es una realidad que rebasa las capacidades de las autoridades desde hace muchos años. 

Lo sucedido en Ciudad Juárez plantea una vez más el reto de qué papel desempeña México en los procesos migratorios, tanto en la movilidad de mexicanos como en la de extranjeros, en este caso, una mayoría de centroamericanos. Los empleados de seguridad que aparecen en las cámaras serán culpados en términos legales, pero la responsabilidad y el significado de la tragedia, trasciende a las personas que van a ser inculpadas por algo que es claro: la autoridad migratoria no tiene claro qué hacer. 

Murieron 39 personas porque no existen protocolos que coordinen la acción de quienes, presuntamente, debían resguardar la vida de los migrantes tratados como delincuentes. Las imágenes que se han hecho públicas muestran personal incapacitado para actuar ante una emergencia. Caminan de un lado a otro sin acción específica y sus movimientos denuncian que no tenían idea de qué efectos podría tener el incendio que estaba iniciando. En estos días, tenemos información de que una empresa privada está involucrada en el proceso.   ¿Por qué se le paga a una empresa para detener migrantes? Espero que en los siguientes días tengamos alguna información sobre ello. Pero, si se le paga a una empresa, ¿quién realizó el contrato sin haber supervisado si los protocolos eran los adecuados? ¿Cuánto se les paga por cuidar a quienes no han cometido ningún delito? ¿Qué empresarios ganaban dinero por hacer el trabajo que le corresponde al Estado? ¿Por qué el Estado renuncia a su obligación para dejar una responsabilidad constitucional en manos de una empresa? 

El Instituto Nacional de Migración, está y estará en los próximos días en la atención pública nacional e internacional.  Dicho organismo, depende de la Secretaría de Gobernación, donde despacha una de las corchalatas que aspira y suspira por la presidencia de la República. De inmediato el tema se politizó en la visión de la sucesión presidencial, al grado que su titular, Adán Augusto López, se deslindó de inmediato porque el tema migratorio, dijo, le corresponde a la secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular es Marcelo Ebrard y quien, sin duda, le lleva una clara ventaja en la carrera presidencial – si es que hay carrera -. Así, las 39 personas que murieron se volvieron un tema político por el encargado de que no se pierda la gobernabilidad en nuestro país.  

La tragedia es una más de muchas que han sucedido en torno a la migración. La constante, de diversas formas, es un conjunto de personas que por una razón u otra, mueren en accidentes viales, secuestros, extorsiones y como en este caso, por un incendio. En una visión de largo plazo, es una continuidad de numerosas tragedias que se han repetido a lo largo de un siglo. Cada una puede tener su especificidad, pero en términos generales, es la historia de hombres y mujeres que deben esperar, esconderse o que, por una contingencia, mueren como parte de un proceso que no cambia: son mano de obra barata que en sus países de origen, incluido el nuestro, deciden que el riesgo de ganar un poco más bien vale la pena.  Tomar el riesgo es parte de una condición a la que se ven obligados porque las condiciones mínimas para la vida no tienen sustento en sus lugares de origen. 

Sin haber cometido delito, estaban detrás de unas rejas, con custodios incapacitados y una empresa que recibe dinero para mantenerlos encerrados sin órdenes legales. Así de simple. Pero esa simpleza enmarca una complejidad que rebasa a los gobiernos mexicanos desde hace muchos años, incluido el actual. Guste o no, la tragedia, ubica que muchos procesos no han cambiado y que las autoridades estatales, federales y locales, no tienen capacidades para actuar ante algo que se repite desde finales del siglo XIX.

Chinos, japoneses, griegos, mexicanos, italianos, libaneses, en diferentes momentos, han muerto en gran número, en eventos individuales o colectivos. ¿Se va a resolver el problema con meter a la cárcel a los responsables que aparecen en las tomas que se filtraron por un celular?  No lo creo. Las soluciones obligan a otras respuestas, a acciones de fondo que solucionen las razones que provocan los procesos migratorios masivos. Y si esas políticas no van a llevarse a cabo, cuando menos que existan protocolos para saber qué hacer con personas que están ahí por hambre, miedo o desesperación, no por haber cometido un delito. 

Está vez fueron 39 seres humanos. Al parecer, lo único que pedían era agua para beber. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.