TIJUANA BC 21 DE FEBRERO DE 2014 (AFN).- Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional (AI), manifestó que este país continúa ocupando los primeros lugares en cuanto a tortura, debido a que las propias autoridades evitan el tema y los policías lo ven como parte de una rutina.

 

El investigador para el programa de América Latina de AI, en entrevista exclusiva con AFN dio a conocer que su viaje a esta ciudad fue para investigar tres casos de tortura que tienen registrados, en los que agentes la Policía Estatal Preventiva (PEP) a base de golpes y presión responsabilizaron a inocentes, de delitos que no cometieron, además de que en un caso se le “sembró” droga, permaneciendo en prisión las víctimas.

 

Este organismo internacional, tuvo conocimiento de estos casos debido que fueron documentados y exitosamente presentados por la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, que preside Raúl Ramírez Bahena, que recoge los testimonios y las pruebas presentadas por las personas afectadas, a las cuales les fueron hechos exámenes para determinar la veracidad de sus dichos.

 

En la entrevista el visitante exhibió una falta de "más interés" por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos en la entidad para acompañar a los familiares de estas víctimas, además de darle seguimiento  a los casos, así como de la General de Justicia (PGJE) para establecer protocolos como el de Estambul para identificar a las víctimas que han sufrido de torturas.

 

Sobre la participación de los Ministerios Públicos Federales (MPF), dijo que son cómplices al no reportar y asentar en actas que están recibiendo a detenidos con golpes visibles, provocados por las referidas torturas, señaló que en uno de los casos que tiene documentado se tomó la declaración del presunto delincuente en una cama de hospital, ya que fueron tan severos los golpes que se le causó daño a partes vitales de su cuerpo.

 

“El Ministerio Publico está coludido con la tortura de estas personas detenidas”, Dijo y recordó que tiene documentados casos como los ocurridos en años anteriores en los cuales existió más presencia de las fuerzas armadas, cuyos elementos participaron en la tortura de ex policías de esta ciudad, que tampoco fueron detectadas por los Mnisterios Públicos del Fuero Federal.

 

Sobre los casos que lo trajeron a esta ciudad, reveló que se trata del año 2012 de una persona de apellido Zazueta, a quien agentes de la PEP lo sacaron de su casa, después de haberlo tenido junto con su familia privado de su libertad exigiéndole “el dinero o la droga”, pero al no encontrarle nada, lo presentaron en el edificio de la Procuraduría General de la Republica (PGR), con una mochila con droga, y declararon que lo habían encontrado en la calle con actitud sospechosa, y aún permanece en prisión.

 

En esta detención, abundó que un grupo de hombres armados, sin uniforme y en vehículos sin identificaciones de corporación alguna, llegaron al domicilio y mantuvieron por varias horas a la familia amenazada, “pasaron a uno por uno a un cuarto”, precisó.

 

La segunda investigación que tiene en sus manos, es referente a un hombre que también fue detenido, pero mientras viajaba en su automóvil, por las calles de la ciudad, el mismo día que el primer caso;  al abordarlo los preventivos, lo detuvieron y dijeron que era un conocido sicario de la región, pero al no encontrarle nada tampoco, lo presentaron ante el MPF, como responsable de homicidios y con armas y droga que le “sembraron” en su unidad, “argumentaron que cuando descendió del automóvil dijo que era un sicario conocido”,  por ello lo turnaron, y también continúa en el penal.

 

En ambos casos, aseguró Knox, los detenidos fueron torturados por horas, a uno le dejaron el rostro irreconocible y al segundo encamado en un hospital, sin que el MPF asentara en actas las condiciones físicas en las cuales fueron presentados ante él, reclamó.

 

Por lo anterior, se le cuestionó al representante de Amnistía Internacional la razón de su intervención en los casos, a lo que reconoció que en uno de ellos, por el simple hecho de que se creía que era un sicario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “no quiso entrar por temor, aunque no sea cierto, creyeron en la autoridad”, situación que le resultó preocupante, al tratarse de un organismo que debería de velar por los derechos de los ciudadanos.

 

Sobre quejas de tortura por parte de la Policía Municipal, el investigador reconoció que no tienen documentadas ni registradas ninguna en contra de dicha corporación, aunque no descartó que se pudiera presentar, sin que a la fecha se hayan interpuesto denuncias en su organización internacional, afirmó.