Por: Manuel Villegas

Fotos: Israel Martínez Paez

 

MEXICALI BC 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 (AFN).- Edgardo Contreras, hasta hoy Contralor General del gobierno estatal, confirmó que el ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) fue inhabilitado por los próximos seis años en que no podrá ejercer en un cargo público, y advirtió que deberá restituir tres millones de pesos, dentro del procedimiento que se le sigue.

 

Por su parte el funcionario sancionado se dijo "asombrado y molesto" por la inhabilitación emitida en su contra y reveló que recibió, a las 16:45 horas del jueves 31 de octubre, a personal de la Contraloría el Estado, el cual le notificó sobre el procedimiento seguido en su contra y la sanción que deberá de cumplir; y que por ello demandará al Estado para dejar sin efecto la misma.

 

Contreras, quien se mantiene al frente de la Contraloría hasta que el Congreso confirme la propuesta que haga el ahora gobernador Francisco Vega de Lamadrid para el sustituto en el cargo, refirió que investigaban a Durán Cabrera desde hace tres años, ya que adelantó pagos, presumiblemente sin tomar en cuenta a la Junta de Gobierno y tampoco exigió el pago puntual de estos adelantos.

 

"Estas irregularidades consistían en que se habían hecho préstamos, anticipos de obras es el nombre técnico, a varias empresas constructoras con la justificación de que las obras no se retrasaran (..); se hicieron en tanto llegaban recursos federales", dijo el funcionario, aunque por Ley ningún director de Cespt puede autorizar préstamos ni firmar convenios sin hacerlo del conocimiento de la junta de gobierno de la paraestatal.

 

Tales convenios no establecieron las tasas adecuadas de rendimiento e interés que debía pagarse, mencionó como parte de la indagatoria, además de que una de las seis empresas beneficiadas con tales préstamos decidió retirarse y no pagar, aunque por su cuenta sí cobraron los recursos de la federación.

 

El tema, dijo Contreras, fue centro de varias reuniones y análisis entre Cespt y la Contraloría del Estado, y pasaron meses en este proceso hasta que concluidas las revisiones decidieron emitir el dictamen ya referido en contra de Durán Hernández.

 

"No tiene nada que ver si es el fin o no de la administración, de cualquier manera yo sigo aquí unos días mas (..); hubo dos sanciones, uno de inhabilitación por seis años para no ocupar ningún cargo público durante ese periodo; ademas de la restitución del daño que se hizo a este organismo", expuso el contralor estatal. 

 

"Asombrado y molesto" Durán demandará al Estado Por su parte, Durán Hernández, quien llegó a Mexicali para finalizar con el proceso de entrega recepción de la paraestatal a su sucesor, Alfonso Álvarez Juan, se dijo “asombrado y hasta cierto modo molesto”, por esta investigación y sentencia de la Contraloría, ya que se trata de observaciones que datan de subcontratos a contratistas para seguir obras con recursos del crédito japonés, de gran importancia ciudadana.

 

"Esos convenios de apoyo se venía dando desde antes, aporté pruebas en su momento que los otorgó Miguel Ávila, Jorge Ramos, José Guadalupe Zamorano, con el mismo esquema", mencionó, en relación a algunos de los ex directores que ha tenido la paraestatal de 2004 a la fecha, según la revisión que el mismo Durán hizo en expedientes y archivos cuando fue requerido por contraloría desde hace tres años. 

 

Tras calificar como "sospechoso" que se le haya notificado su inhabilitación a pocas horas de que entregara el cargo, afirmó que apelará la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso 

 

Administrativo y las instancias correspondientes, y que confía no tendrá mayor problema porque actuó "conforme a derecho", ya que el cargo de dirección le permite tomarse algunas atribuciones y tomar decisiones para sacar adelante servicios y programas que le compete atender.

 

"Tengo que preparar la defensa, tengo que demandar al Gobierno del Estado para que quede sin efecto la inhabilitación ni el pago (de tres millones de pesos) porque son cosas realmente absurdas; esto no debió ser de esta manera, por el contrario, la Contraloría debe hacer las cosas mejor, no estar fiscalizando estas acciones donde no hay un dolo", refirió, tras aclarar que la empresa de nombre Martok, que se fue y no quiso pagar, fue demandada y se le ganó y sus representantes ya están siendo buscados por las autoridades estatales.