Por Alejandro Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 23 DE ABRIL DE 2026 (AFN).- Los tres órdenes de gobierno pueden coadyuvar a combatir cerca del 40% de los casos de extorsión que afectan a comerciantes en pequeño, empresarios y trabajadores independientes, así como a la ciudadanía en general, si se renuevan y fortalecen los programas de denuncia para erradicar las prácticas ilícitas cometidas por funcionarios públicos deshonestos, así como por organizaciones “representativas” del comercio popular que imponen cuotas obligatorias por el derecho a trabajar.
Así lo señaló Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC), al expresar que la iniciativa presentada recientemente por la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada, podría tener impacto a nivel nacional y mejorar los resultados en el combate a la extorsión, delito que afecta gravemente la vida y el patrimonio de comerciantes y empresarios.
“Varias de las medidas anunciadas ya fueron implementadas en administraciones anteriores sin resultados efectivos, debido a que las denuncias suelen quedar atrapadas en procesos complejos ante el Ministerio Público", dijo.
Como ejemplo, recordó los saqueos a comercios ocurridos en el Centro Histórico el pasado 2 de octubre; aparte de considerar que a seis meses de los hechos los avances han sido limitados, pues únicamente se ha otorgado apoyo económico para la reparación parcial de cortinas y la devolución de mercancía retenida como evidencia.
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El presidente de ConComercioPequeño subrayó que una medida clave que podría implementar la actual administración sería combatir la llamada “extorsión burocrática”, ejercida por funcionarios que exigen pagos ilegales a cambio de facilitar trámites, suavizar inspecciones, evitar sanciones o atender casos denunciados
“Se han incrementado los casos de funcionarios que visitan negocios o envían intermediarios para exigir cuotas, advirtiendo que, de no cumplir, los establecimientos podrían ser clausurados”, señaló.
Otro claro caso de “corrupción burocrática” fue el intento de extorsión y negligencia que padeció la familia de Edith Guadalupe, cuando su familia acudió a la fiscalía para pedir su intervención ante el reporte de su desaparición.
Los 32 años que la izquierda llega gobernando la Ciudad de México de manera continua exige un cambio de fondo para combatir le extorsión que realizan los funcionarios de la administración pública local, mencionó López Becerra.
Finalmente,ñ destacó que la unión entre trabajadores independientes, comerciantes en pequeño y empresarios puede ser clave para impulsar acciones, con el respaldo de programas de denuncia eficientes y mecanismos de respuesta que permitan contener y reducir la llamada “extorsión burocrática”, cuya percepción ha ido en aumento en los últimos años.
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