TIJUANA BC 2 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- Raúl Castañeda Pomposo, quien repitió como presidente de la mesa directiva del Congreso Local, aseguró que la sesión extraordinaria celebrada ayer  viernes no fue madruguete, sino una sesión extraordinaria más a la que se citó conforme a sus facultades como presidente, previo a un documento oficio, que también se les dejó a las secretarias de los diputados, y a través de correos electrónicos reconocidos dentro de la ley orgánica como un medio de convocatoria.

Sostuvo que se dio aviso a los legisladores locales con tiempo suficiente, por lo que, dijo, debieron estar atentos para poder llegar a la sesión. Sin embargo no especificó con cuantos minutos u horas tuvo lugar la notificación y aseguró que la ley no contempla esos detalles.

“Mientras la ley no te diga que tienes un determinado tiempo para convocar, lo que hay que hacer es estar atentos. Se les convocó en tiempo y forma y ahí la prueba es que estuvieron la mayoría”, expresó.

Comentó, además, que sabe que algunos de los diputados locales estaban “fuera de la ciudad” y por eso no pudieron asistir a la sesión extraordinaria. Criticó la postura de varios de ellos de no reconocer que tampoco estuvieron en la toma de protesta de la Mesa Directiva del Congreso.

“Es muy fácil salir en una  televisión cuando no estuvieron un día antes. Es la responsabilidad que tienen de haber estado en una toma de protesta, y no estuvieron, pero sí estuvieron en una cámara argumentando ‘no sé qué’, porque ni elementos tuvieron para haberlo hecho en el momento”, reclamó. 

El legislador reconoció que tuvo una plática con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pero negó que el mandatario le hubiera dictado lo que tenía que hacer al respecto del dictamen 95.

“Recibí una llamada del gobernador para efectos de coordinar los esfuerzos entre el titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y también el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (…).  Yo soy una persona que no recibe ‘líneas’ y ayer lo pudieron ver a la hora de llevar a cabo la sesión”, respondió.

Respecto al costo final que tendrá la construcción y operación de la planta desaladora en Playas de Rosarito, aceptó que no tiene esa información, por lo que esos datos deben preguntarse a la Comisión de Hacienda. En este punto aclaró que no es una privatización, aunque el proyecto venga de “un sector privado”.

Aceptó que la aprobación de recursos para la planta sí implica un sacrificio, pero que “el menos lesionado va a ser el bajacaliforniano que va a hacer uso de este servicio”.

Castañeda Pomposo rechazó que hubiera algún “cinismo” en la rapidez con la que se convocó y realizó la sesión. Recordó que los presidentes de la legislatura tienen la facultad de recurrir a acciones similares y si en este caso le tocó a él, manifestó que lo hizo con todo el conocimiento de la ley.

Señaló que no siente temor ante las repercusiones legales y políticas que le puedan traer y aseguró que sí se dio el debate durante la reunión pues “hubo diputados que manifestaron sus puntos de vista, nada más que las mayorías son las que prevalecen”.

“Un tipo de decisión como ésta la asumo con toda la responsabilidad, como la asumimos los doce Diputados del PAN que votamos ayer junto con la compañera del PRD (…). Que sean los bajacalifornianos los que nos juzguen”, espetó. 

Por su parte, la diputada Alfa Peñaloza, declaró que quienes están en contra de la construcción de la desalinizadora son grupos que quieren politizar este tema, del que muchos se han apoyado para “llevar agua a su molino”.

Dijo que seguirá apoyando al gobernador Vega de Lamadrid, quien aseguró, sólo busca el bienestar de los bajacalifornianos.

“Al gobernador lo que le ocupa y le preocupa es el bienestar de la ciudadanía, más allá de lo que pueda decir la ciudadanía que quiere politizar estos temas”, aseguró.

Explicó que hay desinformación en torno al dictamen 95 y señaló que en el 2025 no habrá agua en la zona costa del estado, que comprende Tijuana, Rosarito y Ensenada. Aseguró que ella vio situaciones de escases del vital líquido que se viven actualmente en San Quintín.

“La zona costa es la que va a padecer porque el 88 por ciento del agua se queda en Mexicali, entonces es necesario construir la desaladora (…), es necesario que tengamos todos el derecho al agua”, comentó.