*.- Afirma el diputado presidente Julio Cesar Vázquez Castillo
*.- Excesivo el sobreprecio por renovar licencias de conducir
TIJUANA BC 13 DE JULIO DE 2015 (AFN).- El Presidente del Congreso del Estado, Julio Cesar Vázquez Castillo, afirmó hoy que pedirá al Órgano de Fiscalización de la legislatura, el ORFIS, una revisión documental para comprobar si esta administración estatal ha invertido dinero en la compra de programas computaciones para espionaje, como se ha difundido en los últimos días, porque “si nos preocupa. De ser cierto es lamentable”.
Entrevistado para AFN POLITICO Y ALGO MAS, el diputado del Partido del Trabajo se mostró cauteloso y declinó hacer en este momento juicio alguno sobre el particular “hasta no tener las pruebas a la mano”, considerando lo delicado del tema.
“Si el estado invirtió dinero público en ese sistema, el Congreso tendrá que tomar cartas en el asunto”, dijo el legislador, para luego hacer referencia al riesgo potencial que significa para todo ciudadano, estar al alcance de un acto de espionaje por parte del gobierno. “Si nos preocupa porque ahí no se escapa nadie”.
Cuestionado sobre los avances en la revisión del Congreso sobre la licitación aprobada por el gobierno estatal para contratar a una empresa, a fin de renovar las licencias de conducir en la entidad con un sobreprecio del 900%, Vázquez Castillo dijo desconocer el estado actual.
Se comprometió a revisar el caso porque “no estuvimos de acuerdo en que eso pudiera suceder, el titular (de la Secretaria de Finanzas) nos explicó de una licenciada muy sofisticada y yo le pregunte en su momento ¿de casualidad no es tan sofisticada como para localizar al dueño de la licencia? ¿qué quiere decir, que te pueden traer monitoreado a través de tu licencia”.
“Podría ser un negocio muy rentable para ciertas empresas y quien sabe para quién más”, reconoció el diputado petista.
Vázquez Castillo habló también sobre los trabajos que actualmente lleva a cabo la comisión a su cargo, (La Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Niñez) para garantizar que personas con discapacidad no sean marginadas del empleo, y se les incorpore a la fuerza de trabajo de la entidad, de conformidad con lo que ya establece la ley en la materia.
Por lo pronto, dijo, el único gobierno municipal que ha reportado cumplimiento con el porcentaje de empleo de personas discapacidad previsto en la ley, es el de Tijuana. Los ayuntamientos anteriores no cumplieron.
Será el próximo mes cuando se lleve a cabo una reunión de trabajo con los responsables de la Oficialía Mayor en estado y municipios, a fin de verificar el cumplimiento del porcentaje.
También explicó que a su arribo al Congreso del Estado comprobó que en la legislatura no existía la comisión que hoy preside, y que en su opinión debe ser considerada comisión permanente porque todavía es mucho el trabajo que falta por hacer para proteger los derechos de la población discapacitada y garantizar su incorporación a la vida productiva con los beneficios que ello implica.
