Tijuana BC 23 de marzo de 2015 (AFN).- La diputada federal Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de derechos de la niñez, manifestó que parte de los 2.5 millones de niños que trabajan en México, el 30% lo hacen en el campo, como en el Valle de San Quintín, en donde responsabilizó al Estado de la situación.
Sobre la autoridad responsable de vigilar y hacer cumplir la Ley en torno a los derechos de los menores, la diputada señaló al Estado como tal, porque existe una legislación que advierte la prohibición de que trabajen los niños que no rebasan los 15 años de edad.
Existe una ausencia del Estado y hay una responsabilidad compartida, por lo que no pueden culpar a los padres de familia por llevarlos a trabajar a los campos agrícolas, ya que sólo están criminalizando la pobreza, señaló.
Durante su visita en esta ciudad, Juárez Piña también dijo que esto es "una modalidad de esclavitud moderna", pero que siempre ha existido, por lo que deben de poner mayor atención, al tratarse de menores que laboran como jornaleros por horarios extenuantes; además de que no asisten a clases, por lo que deben de restituirle sus derechos ahora que fueron puestos “los ojos” en aquella zona al Sur de Ensenada, lo que es un ejemplo de cómo viven miles de niños y adolescentes en muchas entidades del país.
Urgió a las secretarías del trabajo, que al igual que han instalado mesas de trabajo intersecretariales en todos los estados, como iniciativa de la dependencia del rubro federal, para que se enfoquen en vigilar esas áreas; además de agregar que deben de existir castigos ejemplares para quienes permitan esas acciones, a través de hacer efectiva la Ley en esa materia, porque es un delito el mantener a los niños trabajando, en particular a menores de 15.
Recordó que el Articulo 123 Constitucional defiende los derechos de los menores, además de que hace un par de meses tuvieron una reforma a éste, en la que se especifica que sólo los mayores de 15 años podrán trabajar, por lo que enfatizó en señalar que de caso contrario se trata de un delito que debe de ser sancionado.
Juárez Piña resaltó que los distintos gobiernos deben de emplear, lo antes posible, políticas públicas para restituir los derechos a los menores, pero también tiene que ofrecer trabajos dignos para los padres de familia de estos, debido a que sigue la migración de una entidad a otra a causa de la pobreza.
Por su parte, el legislador local, René Mendivil Acosta, manifestó que el pasado fin de semana un grupo de diputados federales de distintas fuerzas políticas acudieron a San Quintín para analizar lo que allá viven.
Coincidió con la opinión de Juárez Piña, en el sentido de que existe una Ley que debe aplicarse, por lo que en los próximos días subirán un punto de acuerdo en el Congreso local para llamar a la Secretaria del Trabajo y al Secretario de Gobierno para que expliquen qué acciones tomarán para solucionar la problemática referida.
Esta mañana se llevó a cabo el foro de consulta “Por un modelo bajacaliforniano de protección a las niñas, niños y adolescentes basados en derechos humanos’, el cual tiene la finalidad de armonizar la ley federal con la estatal.
