Tijuana BC 12 de febrero de 2015 (AFN).- Residentes de Playas de Tijuana, que tienen que pagar la caseta de peaje para poder llegar a sus domicilios, manifestaron que en esta situación permanecen más de 12 mil familias de 16 fraccionamientos, desde hace 10 años, por lo que pidieron que los gobiernos de los tres niveles les brinden una solución -como es su derecho- para poder transitar sin cobro o podrían interponer un amparo colectivo en contra de éste.
Mónica Jiménez Serrano, representante del "Movimiento no al cobro para residentes en la caseta de Playas de Tijuana", señaló esta mañana que a pesar de que las familias tramitan una tarjeta para obtener el 50% de descuento para transitar por los 16 kilómetros de la carretera escénica que les corresponde, gastan en promedio hasta 400 pesos a la semana.
Esto es por persona para poder salir a sus trabajos, escuela, comprar víveres, cargar gasolina, actividades de esparcimiento y en las tardes regresar a sus hogares, además precisó que según cálculos en total los 12 mil afectados gastan cuatro millones 800 mil pesos en la caseta de Playas de Tijuana, a la semana, lo que da un promedio anual de 267 millones 400 mil pesos.
Por su parte, también presente en la conferencia, el abogado Octavio de la Torre de Stéffano, precisó que la obligación del estado es satisfacer una necesidad colectiva que no está atendiendo, ya que para llegar a sus hogares tienen que trasladarse por el municipio de Playas de Rosarito, si no quieren pagar la cuota, por lo que planean promover un amparo colectivo contra el cobro de peaje a residentes.
Agregó que las necesidades colectivas de una sociedad son cambiantes, en un tiempo y lugar determinado, por lo que hoy no son las mismas condiciones que cuando fue establecida la caseta en cuestión.
Dijo que: "el gobierno como servicio público tiene como obligación satisfacer las necesidades concretas y continúas de una comunidad mientras éstas subsistan”, pero al tener no tener otra vía directa para llegar a sus hogares, constituye una flagrante violación a las derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recalcó.
