*.- Pretenden legisladores modificarla Constitución para aprobarse las Cuentas, dice Escalante

TIJUANA BC 28 DE JULIO DE 2013 (AFN).- El presidente del Centro Empresarial de Tijuana (COPARMEX), Jorge Escalante Martínez, alertó este día sobre una presumible “maniobra” del Congreso de la entidad, de modificar la Constitución local para autorizar o aprobar las cuentas públicas “antes de que termine el año”.
 
Mediante un comunicado, el presidente del Centro Empresarial acusó que “El Congreso local sigue intentando legislar al vapor y esta situación es inadmisible”, dijo.
 
Luego aseguró que es el Órgano de Fiscalización (Orfis) el que debe de revisar las cuentas al final del año fiscal, por lo que consideró que “no hay razón para adelantarlo”.
 
Escalante Martínez al abordar este tema, estimó “incongruente” que el Congreso de la entidad, apruebe los presupuestos del gobierno y a su vez se apruebe a sí mismo”, por lo que estableció la necesidad “de un contrapeso para que no hagan lo que quieran”.
 
Recordó que en meses recientes, el Congreso levantó la voz para reclamar, al ver lo que calificó como “enorme cantidad de dinero” que se gasta la legislatura estatal y “el exorbitante incremento que cada año le han dado desde el año 2010”, ya que recordó que su presupuesto es de 661 millones 580 mil 563.93 pesos, o sea, 23 millones 463 mil 221.47 pesos al año por diputado, lo que lo convierte en “el más caro del país”.
 
Escalante refirió que cuando entraron los actuales diputados en 2010, el presupuesto del Congreso era de 249.6 millones de pesos y el incremento entre ese año y 2013 fue de 412 millones de pesos, o sea un 165%. “Si tomamos en cuenta la inflación, el presupuesto del 2013 no debería de pasar de los 300 millones de pesos”, apuntó el empresario.
 
Hizo notar que hay Congresos como el de Colima que tienen un presupuesto de alrededor de 3.53 millones por diputado al año, y otros como Chihuahua y Jalisco que han reducido hasta en un 30% su presupuesto, entre 2011 y 2013.
 
Por todo esto, Escalante estableció que el intento de cambio en la Constitución que insistió que se pretende hacer, va en contra de la exigencia del sector empresarial y la ciudadanía de transitar hacia un estado con más transparencia y rendición de cuentas.
 
“No lo debemos permitir”, sentenció por lo tanto.