MEXICALI BC 13 DE ABRIL DE 2026 (AFN).- El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Diego Echevarría, lamentó lo que calificó como un bajo nivel argumentativo mostrado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales, dijo, llegaron al cargo como consecuencia de la reciente reforma judicial y hoy evidencian no estar a la altura de la responsabilidad que implica impartir justicia en el país.

El legislador panista expresó su profunda preocupación ante la decisión de la Suprema Corte de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, lo que deja en estado de indefensión a millones de mexicanos al vulnerar el derecho al debido proceso establecido en el Artículo 14 Constitucional.

“Estamos ante un atentado contra la propiedad privada sin precedentes. Hoy, el Estado puede congelar tu dinero sin que un juez lo autorice y sin el debido proceso”, afirmó.

Asimismo, criticó el nivel de los argumentos expuestos por algunos integrantes del máximo tribunal, en particular de la ministra Estela Ríos, al considerar que sus razonamientos resultan no solo inconsistentes, sino profundamente equivocados. 

Señaló que afirmar que el derecho de propiedad “no es universal” porque no todas las personas tienen una cuenta bancaria equivale a sostener, de manera absurda, que el derecho a la salud no existe porque hay personas enfermas.

El coordinador del PAN subrayó que el derecho de propiedad está claramente protegido por la Constitución, por lo que ninguna autoridad debe vulnerarlo sin cumplir con las garantías legales. 

“El derecho de propiedad no significa tener una cuenta bancaria, significa que nadie, ni siquiera el gobierno, puede quitarte lo que es tuyo sin cumplir con el debido proceso. Un país donde tu dinero no es tuyo… no es un país libre”, puntualizó.

Advirtió además que este tipo de decisiones genera incertidumbre jurídica y desconfianza, lo que puede derivar en la salida de capitales hacia el extranjero, afectando la inversión, el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país.

Finalmente, reiteró que este tipo de resoluciones debilitan el Estado de derecho, erosionan la confianza en las instituciones y abren la puerta a posibles abusos de poder en perjuicio de los ciudadanos.

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