Por Dianeth Perez Arreola

MEXICALI BC 24 DE MARZO 2026 (AFN).- Tras otra maratónica audiencia que inició ayer a las 9 horas y concluyó este día con tan solo un receso, el juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador Jaime Bonilla Valdez al que, como medida cautelar fijó una garantía económica de 100 mil pesos y otorgó un plazo de 6 meses para la investigación.

La audiencia del también ex senador de la República y actual comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, culminó tras más de 24 horas de duración con su vinculación a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades que le atribuyó el Gobierno del Estado.

Una de sus líneas de defensa para rebatir estas acusaciones, por el pago de 123 millones de pesos para una planta fotovoltaica, fue que para entonces ya gobernaba Marina del Pilar Ávila Avila Olmeda.

Los abogados del empresario tijuanense informaron que Next Energy obtuvo el permiso para generar energía en febrero de 2026 por parte de la Comisión Nacional de Energía, por lo que ya no se sustenta la acusación, basada en la falta de este permiso.

Además se le acusa como coautor de los citados delitos, cuando él no tuvo una participación activa en los procedimientos de la contratación de suministro y distribución de energía, según explicó Hiram Sánchez, su abogado.

La fiscal rebatió los argumentos de la defensa al exponer que el señalado dio la instrucción a sus funcionarios de llegar a un acuerdo con Next Energy, quien a pesar de lograr el permiso, hace un mes, para producir energía, no lo exime de su responsabilidad.

Como gobernador era responsable de la buena administración de los caudales del Estado, subrayó la fiscal, y el pago de los 123 millones sí fue ilícito, advirtió, porque no se tenía una contraprestación a cambio, pero sí una deuda.

Por la parte acusadora, apuntaron que la Secretaría de Energía le advirtió de la ilegalidad de la licitación, pero que hizo caso omiso y ahí está el dolo, enfatizaron. 

Agregó la fiscalía que fue necesaria la participación de varios, aportando a un plan común con consecuencias legales y penales.

La defensa del exmandatario precisó que había un límite para operar para el generador de energía; si no estaba lista la planta, estaba obligada a entregarle el 100 por ciento del producto al suministrador, sin una pérdida para el Estado.

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