TIJUANA BC 3 DE FEBRERO D2 2026 (AFN).- El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) y la asociación Ruta Ciudadana, a iniciativa del abogado Esteban Capella Ibarra presentaron un amparo colectivo en contra de la nueva regulación en materia de telecomunicaciones, que obliga a los usuarios a proporcionar sus datos biométricos como requisito para la contratación y permanencia de los servicios telefónicos.
Carlos Atilano Peña, presidente del COCI, explicó que el amparo fue entregado a las 11:00 de la mañana en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California.
Detalló que la reforma impugnada, vigente desde el 9 de enero, modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y establece la obligación de vincular las líneas telefónicas a una identificación oficial que contiene datos biométricos, lo cual, afirmó, representa una "violación a derechos humanos fundamentales".
"Todos tenemos derecho a la privacidad, al resguardo de nuestros datos personales y al acceso a la tecnología. Esta reforma impone medidas desproporcionadas, como la cancelación del servicio si el usuario se niega a entregar su información", señaló Atilano Peña.
El abogado recordó que existen antecedentes claros, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, que declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), al considerar excesivos los riesgos en el manejo de datos personales.
Asimismo, cuestionó el argumento del gobierno federal de que la medida busca combatir delitos como la extorsión y el secuestro, al señalar que la inseguridad persiste y que los padrones de información han demostrado no ser confiables, debido a filtraciones y venta de datos que han llegado incluso a manos de la delincuencia organizada.
"Esta medida no previene la extorsión ni el secuestro. Lo que se requiere es inteligencia y prevención, no exponer a la ciudadanía. Nuestros datos terminan siendo utilizados para extorsiones, robos y otros delitos", afirmó.
El amparo fue promovido por diversas agrupaciones ciudadanas, entre ellas la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, COCI, Ruta Ciudadana, la Alianza Mexicana de Abogados y el Instituto de Defensa Política de Derechos Humanos. En esta primera presentación participaron alrededor de 25 personas, y se prevé que en los próximos días se presenten nuevos amparos con al menos 50 firmas adicionales.
Asimismo, Atilano Peña informó que se solicitará la suspensión provisional de la norma, con el objetivo de que los ciudadanos no se vean obligados a entregar sus datos mientras se resuelve el fondo del juicio. Recordó que el plazo para cumplir con esta obligación es de enero a junio, por lo que hizo un llamado a la sociedad a no proporcionar sus datos biométricos como forma de manifestar el rechazo a la medida.
Finalmente, señaló que se trabaja con distintas organizaciones para instalar módulos de recolección de firmas, con el fin de ampliar la participación ciudadana y evidenciar que la inconformidad es generalizada. Se estima que en un plazo aproximado de 10 días se informe si el amparo es admitido y si se concede la suspensión solicitada.
Al compartir esta información, apoyas a la prensa que necesitas
Comparte AFN
