MEXICALI BC 16 DE ENERO DE 2026 (AFN).- La diputada local Yohana Hinojosa Gilvaja, reveló que la empresa Prime Wheel de Tijuana, donde desapareció el empleado Servando Salazar Cano, cubrió al Estado una multa de 10 millones de pesos, de los cuales ni un centavo ha ido a la familia del trabajador, advirtiendo que el sistema de la entidad está hecho para cobrar y no para reparar.
Por su parte, el diputado Diego Arregui, presidente de la Comisión del Trabajo del Congreso local, aseguró que la gobernadora brindó un “apoyo personal” a la familia del trabajador desaparecido, en lo que para Gilvaja fue una defensa que el legislador hizo de su primo, el secretario del Trabajo Alejandro Arregui Ibarra, y que incluso, calificó como nepotismo.
De acuerdo con la legisladora por el Partido del Trabajo (PT), la esposa de Servando Salazar Cano ha sido abandonada por las autoridades, ya que tras la desaparición de éste, ocurrida el 23 de agosto del 2024, la empresa sólo pagó una multa de 10 millones de pesos para continuar con sus operaciones.
“La empresa pagó una multa de 10 millones de pesos a la Secretaría del Trabajo (de BC) y reabrió; 10 millones de pesos cobrados con rapidez, 10 millones resueltos, 10 millones que sí caminaron ¿Y la viuda? ¿Y los hijos? Nada”, cuestionó.
Hinojosa Gilvaja calificó ese hecho como una “recaudación disfrazada”, afirmando que “el gobierno es valiente para cobrar, pero cobarde para reparar”, al tiempo que acusó a las autoridades estatales de abandonar a la familia del trabajador desaparecido.
Asimismo, precisó que el propio Arregui Ibarra declaró que en ese caso intervinieron los tres órdenes de gobierno, por lo que destacó que, siendo así, ningún gobierno ha logrado que la empresa señalada indemnice a la familia de Salazar Cano.
Por otra parte, expuso el caso de una cadena de gasolineras que operan en la entidad, cuyos trabajadores no reciben sueldo, por lo que sobreviven sólo de las propinas de los clientes, lo cual dijo, se trata de “una esclavitud moderna”, mientras que “el gobierno voltea la cara”.
En este caso, sostuvo que es inaceptable que el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, le haya informado a petición expresa del caso, que tras una revisión de las condiciones laborales en dichos establecimientos, se hayan detectado situaciones que “podrían implicar multas”.
“¿Y por qué no las implica? ¿Por qué no aplica los castigos si ya se comprobó el delito y la ineficiencia de los derechos laborales por parte de los patrones? Vámonos al estricto estado de derecho ¿Por que no se están aplicando los castigos correspondientes? Pues vámonos a mochilas y cuadernos, ¿No?”, insistió.
Al respecto reiteró que es necesario que se informe con precisión sobre las multas, las sanciones y las clausuras a ese tipo de empresas, toda vez que la propia autoridad ha reconocido que éstas operan violentando, en este caso, los derechos laborales.
Ante ello, propuso un exhorto para que tanto la secretaría de Gobierno como la del Trabajo, acompañen a la esposa de Salazar Cano y se le brinde atención integral en materias penal, administrativo y civil para que reciba la correspondiente indemnización, y en el caso del titular del Trabajo, informe debidamente al Congreso el resultado de los procesos administrativos sancionadores derivados de la inspección a la empresa gasolinera que incumple con el pago de salario a sus trabajadores.
La propuesta fue aprobada por mayoría.
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