MEXICALI BC 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (AFN).- Aunque PROISSSTECALI se presenta como un programa de apoyo temporal para capitalizar al ISSSTECALI, en realidad constituye una reforma encubierta, bajo el argumento de garantizar pensiones y jubilaciones, se impone un esquema voluntario de aportaciones patronales adicionales del 11% sobre el salario base de cotización, expresó el abogado Guillermo Rivera Millán.
Explicó que a pesar que se afirma que no afecta directamente al trabajador, el diseño es jurídicamente frágil y políticamente oportunista, pues se conecta con condonaciones institucionales, reformas parciales y decretos presupuestales que configuran un modelo de vaciamiento progresivo del Instituto, además de que el acuerdo invade competencias legislativas al modificar de facto, la Ley del ISSSTECALI sin pasar por el Congreso, al destinar recursos exclusivamente al pago de pensiones y jubilaciones, excluye prestaciones obligatorias como salud, vivienda y servicios sociales.
Además, al incrementar aportaciones dentro del salario base de cotización mediante un acuerdo administrativo, se altera la naturaleza del salario y se generan expectativas de derechos no previstos en la ley, lo que abre un frente jurídico delicado, indicó.
“Si un municipio decide no adherirse, se abre un escenario de incertidumbre para la burocracia y el magisterio. Los patrones que no cubren el déficit enfrentan dificultades para liberar pensiones o garantizar servicios médicos, mientras que quienes sí se adhieran podrían tener pagos garantizados hasta 2027. Esto genera desigualdad entre beneficiarios del mismo régimen y contradice el principio de universalidad de la seguridad social”, expuso el litigante.
El programa ya se busca integrar en el Presupuesto de Egresos 2026, que se aprueba en diciembre. Esto implica que se autoriza el aumento del 11% como partida presupuestal y que quienes se adhieran durante el año generarán ampliaciones. En 2027, el tema volverá al debate legislativo, porque la autorización es anual y no puede comprometer recursos a futuro. El Ejecutivo no puede comprometer recursos más allá de su periodo. El programa no tiene garantía de continuidad ni de sostenibilidad.
Aunque el decreto afirma que no se descontará nada a los trabajadores, el impacto indirecto es evidente: si los patrones se retiran, el déficit se trasladará a la base, reduciendo recursos municipales y presionando para aumentar cuotas.
El discurso oficial repite que “no afecta al trabajador o pensionado”, pero omite que el programa no genera derechos nuevos, que la aportación es voluntaria y que ya existen precedentes judiciales que invalidaron esquemas similares.
“El cierre del gobierno en 2027 no puede ser político ni presupuestal: debe ser técnico, legal y centrado en los beneficiarios. El PROISSSTECALI careció de viabilidad técnica-actuarial, de consulta y socialización; su validación pública por diversos actores será más simbólica que jurídica”, concluyó.
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