TIJUANA BC 20 DE AGOSTO DE 2025 (AFN).- No fue consultado con la sociedad el nuevo decreto estatal para la atención y prevención de manifestaciones, aseguró Carlos Atilano Peña, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI); con el cual se busca inhibir la protesta social, además de otorgar facultades discrecionales a las autoridades.
Refirió que no se puede permitir que se institucionalice la violencia del Estado a través de ese tipo de normatividad, que ni siquiera es una norma oficial, ya que no emana del Congreso, sino que es un decreto administrativo que emite por su propia voluntad el secretario general de gobierno del Estado Alfredo Álvarez Cárdenas.
Explicó que, insistir en un decreto que atenta contra los derechos humanos de la libre expresión y de la manifestación de ideas, de marchas y protestas no es una buena noticia.
Sobre todo -añadió- en estos momentos políticos en los que ha habido protestas en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que -dijo- no le han gustado, y que hace contra-marchas o contra-concentraciones para decir que el pueblo está con ella.
Atilano Peña abundó en que el secretario general no tiene competencia para emitir este tipo de decretos, pues no está en sus facultades establecidas en la Carta Magna del Estado; “es más, viola el artículo 115 constitucional”, porque todo lo relativo a calles, espacios públicos y monumentos es competencia del ayuntamiento.
Agregó que tiene una serie de inconsistencias graves, por las cuales rechazan rotundamente este decreto. Más de 25 organizaciones fueron a Mexicali a fijar esta postura firme y enérgica, y se han incluido otras agrupaciones muy fuertes como la Asociación de Policías de Tijuana, grupos feministas y colectivos de padres de familia buscadores.
Como lo dijo el secretario general de gobierno del Estado “es un decreto que va dirigido”, conteniendo disposiciones mediante un protocolo hacia las autoridades, pero que incidirá en los ciudadanos, cuando estos se manifiesten en las calles.
Aseguró que se está ante un decreto absolutamente antidemocrático, ya que nunca se consultó a la sociedad, ni siquiera a la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
A este respecto el presidente de la CDH informó que no fue tomado en cuenta para la elaboración del decreto, sin embargo; sí es parte de las autoridades que deben acatar el decreto, de ahí la serie de inconsistencias.
Se trata de inhibir, dijo, incluso de dispersar las manifestaciones, se le da facultades discrecionales a la autoridad para establecer si quienes van en una marcha presentan una peligrosidad alta “eso ni siquiera está establecido en el Código Penal” afirmó.
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