Protesta grupo de mujeres en juzgados civiles y familiares
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Protesta grupo de mujeres en juzgados civiles y familiares

Tijuana BC - lunes 4 de agosto de 2025 - AFN.
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TIJUANA BC 4 DE AGOSTO DE 2025 (AFN).- Un grupo de mujeres afiliadas al colectivo CESODI se manifestaron la mañana de este lunes en los Juzgados Civiles y Familiares de Tijuana, para denunciar presuntas irregularidades en el caso de abuso en contra de una menor de 9 años, identificada como Arantza, quien habría sido víctima de su padre.

Marlene Padilla Rubio, madre de la menor, narró que desde el 2018 inició un proceso legal en contra de su ex pareja, con el objetivo de que se le retiren los derechos parentales, argumentando que la menor vive con el temor constante de ser abordada por su padre al salir de la escuela o en otros espacios públicos.

“El día de hoy alzamos la voz a nombre de Arantza para que su voz sea escuchada (…) que ella pueda ejercer una vida libre sin violencia y que no se le obligue a convivir con su agresor”, expresó.

Manifestó que el hombre tiene dos carpetas de investigación por pederastia agravada, pues aseguró que abusó de su propia hija, sin que hasta el momento haya sido judicializado por dicho delito.

Afirmó que, desde que inició el proceso legal, Federico -padre de la niña- ha recibido consideraciones extraordinarias por parte de funcionarios del Poder Judicial. Como ejemplo, señaló que en la denuncia por violación, un juez determinó no vincularlo a proceso bajo el argumento de que la menor describió con claridad el día y la hora en que ocurrieron los hechos.

Además, subrayó que la carpeta de investigación fue extraviada y que la perito en psicología asignada al caso nunca presentó su informe, lo que, dijo, evidenció que hubo múltiples irregularidades en el proceso.

Agregó que durante una entrevista celebrada el pasado lunes 28 de julio, fue víctima de violencia institucional por un actuario de nombre Óscar Ledezma, quien en complicidad con el equipo de abogados de su expareja, la acosaron junto a sus familiares para tratar de intimidarla y silenciarla.

Atribuyó dicho encubrimiento a que el acusado tiene conocidos dentro del sistema de justicia penal, además de que, según afirmó, “le ha pagado a servidores públicos” para obtener favores en el proceso.

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