TIJUANA BC 2 DE AGOSTO DE 2025 (AFN).- Irving Mondragón, coordinador del refugio Casa de Luz, denunció la persistencia de abusos cometidos por autoridades migratorias en México hacia personas en movilidad, en especial a quienes provienen de centroamérica, y de comunidades vulnerables, como la población LGBT+.

“Las últimas personas que han logrado llegar nos han compartido que fueron extorsionadas o encarceladas en estaciones migratorias, supuestamente mientras se analizaban sus casos; hoy en día, llegar a una estación migratoria ya no garantiza siquiera que se escuche tu solicitud de asilo”, dijo.

El activista señaló que la instrucción vigente parece ser no recibir a nadie, sin importar su origen ni su condición.

“Todo ese discurso sobre la soberanía nacional y que México toma sus propias decisiones no se refleja en la práctica. Se están siguiendo directivas externas, principalmente de Estados Unidos”, afirmó.

Mondragón advirtió que las alertas migratorias emitidas por el gobierno estadounidense están siendo aplicadas en todo el territorio mexicano, lo que ha derivado —según sus observaciones— en una criminalización generalizada de quienes buscan refugio.

Precisó que en el caso de Tijuana la situación tampoco mejora, toda vez que migrantes de la comunidad LGBT+ que llegan a esta frontera han reportado episodios de discriminación, exclusión y abuso sistemático.

“Hemos contactado a la Dirección de Migración, a la Secretaría de Diversidad e Inclusión y a otras instancias, pero no ha habido respuesta efectiva. No se respetan los derechos de quienes solicitan asilo, ni se da curso a sus peticiones”, añadió.

El responsable de Casa de Luz también alertó sobre el impacto de la política de no recepción en el acceso a servicios básicos, donde en muchos casos, apuntó, las personas son retornadas a su lugar de origen sin siquiera haber sido atendidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), dejándolas en completa desprotección.

“Vamos hacia un cierre cada vez más agudo del sistema de asilo. Ya en el sur del país hay múltiples casos en los que ni siquiera se recibe la solicitud. Es una política de exclusión total”, concluyó.

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