TIJUANA 23 DE JULIO DE 2025 (AFN).- Sandra Magaña, regidora del Partido Acción Nacional (PAN) rechaza la instalación de nuevos parquímetros en la Zona Río, ya que considera que dicha acción se dio sin la autorización del cabildo; y sin haberse consultado a la población.

La edil está solicitando al alcalde Ismael Burgueño Ruiz, al secretario de gobierno Arnulfo Guerrero León y a Apolinar Fernández Álvarez de la Secretaría de Movilidad, que presenten públicamente los documentos que respaldan la reciente expansión de parquímetros, y expliquen los criterios usados para autorizarla, en caso de que exista dicha autorización.

Advirtió que “si no hubo aval legal, la empresa debe ser sancionada. Y si sí lo hubo, se debe transparentar quién lo otorgó, y bajo qué condiciones”.

Detalló además que la empresa Copemsa Tijuana S.A. de C.V. ha ampliado su operación a otras vialidades de manera arbitraria, lo que representa una posible violación al contrato de concesión vigente, y genera afectaciones económicas a trabajadores, comerciantes y visitantes del área.

Si el Ayuntamiento permitió esta expansión ilegal, dijo, es una omisión grave; y si la empresa actuó por su cuenta está operando fuera de contrato. De cualquier manera, en este asunto — denunció — “no hay transparencia, en cualquiera de los dos casos hay una afectación directa a los tijuanenses”. 

Explicó que el costo por estacionarse alcanza hasta los 25 pesos por hora, lo que representa un gasto mensual de hasta 3 mil pesos para quienes laboran por zona río. ”Estacionarse no debe ser un lujo”, afirmó.

Abundó acerca de que el contrato de concesión fue firmado el 12 de abril de 2019 durante la administración del XXII Ayuntamiento, otorgando 15 años de operación con un esquema de reparto del 60 por ciento de ingresos para la empresa y 40 por ciento para el municipio.

Después, el 14 de febrero de 2020, bajo el gobierno de Arturo González, se firmó un convenio modificatorio que redujo la vigencia del contrato a siete años y medio, con fecha de término en octubre de 2026.

El espacio público, refirió la regidora, no debe verse como una fuente de recaudación, sino como un bien común que debe gestionarse con sensibilidad social. 

Tijuana requiere políticas de movilidad integrales, que incluyan estacionamientos accesibles y transporte público digno, manifestó, y su regiduría continuará vigilando que se respete la legalidad y se prioricen los intereses de los ciudadanos.