MEXICALI BC 22 DE JULIO DE 2025 (AFN).- El proyecto 2025 de los protocolos de seguridad en las escuelas, tiene cuatro omisiones estructurales: No contemplan las distintas realidades que se viven en cada escuela, no consideran asignación presupuestal, no delimitan responsabilidades jurídicas de las autoridades educativas ni de sus titulares según tipo de riesgo; y omiten lineamientos aplicables cuando el infractor es menor de edad, especialmente en casos donde entran en tensión los derechos individuales y la seguridad colectiva, consideró Guillermo Rivera del despacho De la Pena y Rivera, quien es experto en el tema.
La semana pasada, la secretaria de educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez, comentó que el protocolo estará listo para el inicio del próximo ciclo escolar, el cual cuenta con el apoyo de los Sindicatos; en ese sentido, el litigante recordó que el documento vigente desde 2022 identifica 20 riesgos escolares y cita 24 normas.
“El reglamento que se pretende aplicar, incorpora prácticamente los mismos riesgos con algunas modalidades, amplía el marco a 38 normas e incluye herramientas como atención emocional primaria, expediente de evidencias y rutas legales interinstitucionales”, expuso.
También, dijo el experto, se omite regular adecuadamente la participación de madres, padres y los Consejos Escolares de Participación Social, actores convocados en el Proyecto 2025 sin ruta jurídica clara ni respaldo institucional. Su intervención debe estar definida conforme al principio de corresponsabilidad interdependencial, evitando carga informal o ambigüedad funcional.
Desde una perspectiva técnica, indicó Rivera, los riesgos escolares podrían clasificarse en cinco tipologías: Psicosociales, estructurales, ambientales, interpersonales y jurisdiccionales. Esta agrupación permitiría delimitar protocolos diferenciados, establecer mecanismos adecuados según el tipo de intervención —preventiva, legal, restaurativa o interinstitucional— y distribuir funciones conforme al principio de subsidiariedad operativa.
Frente a este panorama, manifestó que Baja California debe tomar una decisión legislativa de fondo, replicar una Ley PROTEM como la de Morelos o reformar integralmente su marco jurídico educativo.
“Legislar desde esquemas idealizados impone obligaciones inoperables; legislar desde la precariedad limita la capacidad institucional. El punto de partida técnico es equilibrar la exigencia legal con las condiciones reales del sistema escolar”, dijo.
“Una dimensión urgente emerge desde el aula: El creciente temor del personal docente ante denuncias infundadas o acusaciones sin sustento. El principio de presunción de inocencia parece debilitado frente a una cultura escolar que no ofrece defensa efectiva. Perfeccionar documentos sin presupuesto, sin diagnóstico territorial, sin voluntad política activa y sin reforma legal sería un desacierto institucional. No se puede avanzar en la seguridad de la niñez ni en la protección del magisterio sin involucrar a todos los actores, sin aceptar la fractura del sistema y sin construir atribuciones activables por ley” concluyó Guillermo Rivera.
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