MEXICALI BC 9 DE JULIO 2025 (AFN).- Una iniciativa para reforzar el ejercicio de la libertad de expresión, propuso la diputada Alejandrina Corral Quintero, mediante la prohibición de censura a través de la formulación de delitos.

La legisladora propone al H. Congreso de la Unión, reformar el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar que las personas puedan expresar sus ideas y opiniones libremente, cuando se refieran a la actuación de servidores y ex-servidores públicos en ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.

Recordó que actualmente se han documentado al menos siete casos de comunicadores y medios en México que han sido afectados por medidas locales de censura, lo que es una práctica de represión a pesar de que en México la libertad de expresión es un derecho establecido en la Carta Magna.

Ahora, toda persona servidora o ex servidora pública, en aras de que no se le señale o reclame públicamente el incumplimiento y abandono de sus deberes u obligaciones inherentes a la función pública que se les encomienda, hacen uso de figuras tipificadas como delitos -entre ellos difamación, injurias, calumnias, violencia política de género, y otras similares-, para acallar las voces de los ciudadanos que se expresan públicamente, dijo Corral Quintero.

Subrayó que lo más grave, es que las autoridades juzgadoras reciben las denuncias de los servidores públicos que se sienten afectados por una manifestación, opinión o ideas de la ciudadanía, contrarias a la forma de actuar de dicho servidor público, a quienes se les sanciona indebidamente bajo tipos penales que se configuran por hechos distintos a los que se establecen el artículo 7 de la Constitución Federal.

Por eso, la iniciativa presentada por la diputada pretende establecer la prohibición de que los ciudadanos sean sancionados penalmente por la simple expresión de su opinión y de igual manera busca que no se pueda censurar la libertad de expresión mediante el uso indebido de mecanismos legales, tanto del servidor público como de las personas juzgadoras.

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