*.- Uno de muchos que se suceden en la entidad

Por Dianeth Pérez Arreola

MEXICALI BC, 6 DE ABRIL 2025 (AFN).- El 17 de marzo pasado, Gabriela López Cital tuvo una llamada desde un número de teléfono de Estados Unidos con una mujer que se ostentó como la propietaria de un predio en el Valle de Mexicali que está en posesión de la familia de Gabriela desde hace cuatro generaciones.

Acordaron verse en un lugar y llevar cada una los documentos que las amparan como propietarias del mismo terreno, ubicado en la colonia Colorado Cinco, de 10 hectáreas de superficie. Gabriela consultó con su abogada, quien le recomendó no ir y no mostrar el documento que la respalda como auténtica propietaria del predio a nadie que no sea la autoridad.

Las diez hectáreas fueron otorgadas al padre de su suegro, tras el movimiento del asalto a las tierras. Con el paso del tiempo, la familia fue permitiendo que diversas familias se asentaran en una parte del predio. Al quedar viuda, Gabriela decidió actualizar la propiedad para lotificarla y quedó asentada en un documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) una superficie de 7.5 hectáreas para no afectar a las familias. En ese predio tenía una casa rodante donde a veces pernoctaba.

El 20 de marzo a Gabriela se le deja venir un vehículo salir de su propiedad, y su auto queda parcialmente fuera del predio. La aborda la mujer de la llamada telefónica, Celia del Carmen Astudillo Oropeza, alias Carmen Oropeza Hernández, alias Carmen Oropeza viuda de Astudillo, alias Celia Astudillo Oropeza, alias María del Carmen Oropeza Hernández.

Esta mujer tiene más de 90 denuncias, muchas por fraude. Una parte de ellas aparecen en el viejo sistema, y muchas las ha zanjado con reparación del daño, de acuerdo con información de fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado.

También la increpa por la ventanilla un hombre encapuchado, identificado como José Ángel Soto Cuevas y otro sujeto, quienes le piden irse del predio con palabras y gestos amenazantes. Para su alivio, ve acercarse una patrulla de la Policía Municipal, pero el agente al acercarse le pide lo mismo que la mujer y los dos hombres: que abandone su propiedad.

Ella contesta que no se irá y da reversa a su auto, para regresar a su casa rodante. El hombre encapuchado llama a la Fiscalía General del Estado (FGE) y llegan dos unidades, un pick up y un auto pequeño, que tienen los logos de la corporación, los cuales permanecen horas afuera del predio, junto con el hombre encapuchado como una manera de intimidar a Gabriela, pues los agentes no buscan hacer contacto con ella. Llama al 911 y no llega nadie.  La abogada llega a la comandancia del ejido Michoacán de Ocampo para convencer a la policía de que la acompañe al predio, para hacer frente al asedio que sufre Gabriela.

El agente de la FGE que iba en el pick up, quien permanece con el rostro cubierto, le dice al policía municipal que es Ministerio Público del área de Patrimoniales, pero no quiso identificarse ante Gabriela y su abogada. El policía no quiso darles el nombre del agente a Gabriela y su abogada, pero quedó asentado un reporte.

Eso sucedió como a las tres de la tarde, y las unidades de la FGE se fueron cerca de las ocho de la noche. Interponen una primera denuncia contra Celia del Carmen por ataque peligroso al día siguiente, el 21 de marzo.

De esta mujer saben que tiene domicilio en Estados Unidos, y para sus asuntos legales da una dirección de la colonia Santa Rosalía, en Mexicali. Se ostenta como abogada y sus empleados se refieren a ella como “la licenciada”, sin embargo, no aparece cédula profesional alguna a su nombre o alguno de sus múltiples alias.

Gabriela manda a hacer varias lonas que coloca en el perímetro de su terreno, para decir que es propiedad privada. El 26 de marzo se encontraban tres trabajadores de Gabriela haciendo un cerco cuando se aproximan dos patrullas de la Policía Municipal. Esposan y suben a dos de ellos mientras el tercero toma video de los hechos con su teléfono desde lejos. En eso llega una grúa, y enfrente de los agentes -aprovechando la ausencia de Gabriela-, engancha la casa rodante y se la lleva. 

Para llevarse un vehículo de esas dimensiones se necesita una grúa especial, así que la acción ya estaba planeada, y se ejecuta frente a la policía sin que medie documento alguno que avale esa medida.

La patrulla donde se llevan a los dos trabajadores se dirige a la carretera a San Felipe. Se estacionan por cuatro horas junto a un retén de la Guardia Nacional. Los hombres son mantenidos incomunicados y sin información del motivo de su detención o su destino inmediato.

Finalmente, los llevan a la comandancia de la colonia Robledo, donde los dejan esposados a una banca, y un agente les dice que hablará con el juez calificador.  Cuando éste regresa les dice que ya se pueden ir porque no fue nadie a ratificar la denuncia. Nunca los presentan ante el juez.

Al día siguiente, el 27 de marzo, Gabriela y su abogada interponen una segunda denuncia, ahora por robo equiparado, y la amplían el dos de abril con los testimonios de los trabajadores, fotos y videos de los hechos. La propia fiscalía les recomienda que interpongan otra denuncia por amenazas, lo cual hacen el 4 de abril, para asegurar que se le otorguen medidas de protección a Gabriela. Se las otorgan, pero nunca se han cumplido.

A los pocos días encuentran la casa rodante vandalizada, con la cerradura violada y las llantas destrozadas. Tras hacer las costosas reparaciones, la regresan al predio. Gabriela pide a sus trabajadores que hagan una zanja para que no puedan volver a cruzar vehículos. En una de las idas al predio, le cuenta un vecino que fue Lino Amelio, junto con el hombre encapuchado, de nombre José Ángel Soto Cuevas y un tercero, en una camioneta negra de lujo, a preguntar quién había hecho la zanja.

De esa camioneta baja Lino Marcel Amelio Vila. Es el dirigente del Sindicato de Transportes Leonardo Rodríguez Alcaine, organización integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que a nivel nacional lidera el diputado federal morenista Pedro Haces Barba.

El vecino les dice a los hombres que Gabriela le pagó para hacer la zanja. Lino Amelio lo amenaza y le advierte que para el siguiente día debe tapar la zanja porque van a regresar.

El vecino lo hace, pero le cuenta a Gabriela. Se pasa todo el día siguiente en su predio, pero no pasa nada. El día posterior aprovechando que no hay nadie, vuelve y sacan la casa rodante otra vez. La encuentran abandonada como a un kilómetro, pero antes de llevársela, la abogada pide a la FGE que vaya al sitio para que incorpore esa prueba al expediente.

Desde entonces, a plena luz del día y con un ejército de trabajadores, levantaron un cerco con materiales de primera calidad, metieron al terreno una oficina móvil, y dejaron ahí a dos hombres.

El patrimonio de Gabriela está en otras manos sin que su contraparte haya podido acreditar ser la legítima dueña del predio, con acciones ilegales como sacar la casa rodante en las narices de la policía, ocupando el predio ilegalmente y cercándolo sin su consentimiento.

Las sospechas de Gabriela y su abogada, es que Celia es solo la cara visible de una organización con una maquinaria muy bien aceitada para llevar a cabo despojos en el Valle de Mexicali. Han sabido de otros casos similares y tienen la esperanza de que, una vez difundido el caso, aparezcan más víctimas de estos u otros estafadores. Refieren el caso de un acaudalado agricultor, a quien el crimen organizado no solo lo despojó de un gran predio en Islas Agrarias, también levantó y vendió la cosecha que había en el lugar. 
 
Celia del Carmen y José Ángel Soto Cuevas tienen entre sus contactos de redes sociales a pastores, ministros y diversas páginas y centros de culto cristianos. La abogada incluso recibió una invitación de la acusada para que acudiera a un evento de su congregación.

Por su parte, José Ángel Soto Cuevas se dice empleado de “la licenciada” pero actúa como mano derecha de Lino Amelio. A su vez, el líder sindical del Catem señaló ser solo el representante de los trabajadores de la obra en desarrollo. “No es asunto nuestro quien sea el dueño solo ejecutamos la obra por contrato con nuestro sindicato. El contratista utiliza maquinaria y camiones del sindicato para ejecutar la terracería”, comentó.

Al referirle que efectuaban obras para alguien que no puede acreditar la legítima propiedad del predio, y que su presencia en el lugar está asentada como parte de una denuncia, declaró que solo ha hablado con el contratista que solicitó los camiones y la maquinaria, que solo tienen interés en la “ejecución y tiempo de entrega de las calles” y que seguramente el vecino lo confunde con alguien más.

Junto a la extraña participación de Lino Amelio, dirigente del Catem, hay rumores de que ese sindicato se dedica a invadir terrenos y Gabriela apunta a Patricia Sosa, secretaria General de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California, y titular de comunicación social de Catem a nivel nacional, de quien hay rumores que invade terrenos ayudada por la fuerza sindical. 

A Celia del Carmen Astudillo Oropeza le aparecen cuatro propiedades en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Todos de 2024 y todos en la colonia Cerro Prieto II. El primero es por casi un millón y medio registrado en marzo; el segundo por 503 mil pesos; el tercero por 125 mil pesos; y otro por 2 millones 220 mil pesos. Estos tres últimos el mismo día: 11 de abril.

Todos estos registros de compra-venta han sido con el notario número 10, Tobías Duarte, quien es vicepresidente del Colegio de Notarios de Baja California, fue secretario del Ayuntamiento en la administración de Francisco “Panchito” Pérez Tejada y poseedor de un valioso capital inmobiliario. 

Maribel Avilés Osuna, en su carácter de apoderada legal del XXI Ayuntamiento, presentó una denuncia en 2021 donde se involucra a Duarte en compras irregulares de terrenos por parte de su esposa, Romina Castellanos García.

La impotencia de Gabriela y su abogada ante el despojo sufrido, es evidente. Hablan con tristeza y coraje de lo acontecido, de la protección a los responsables, de la falta de cumplimiento de las medidas de protección que le dieron, pero no cumplieron.

La víctima de robo, amenazas y despojo subraya lo rápida que puede ser la justicia cuando se trata de personajes políticos, y lo vacío que resulta el mensaje del gobierno estatal cuando se trata de la protección de las mujeres.