Por: Mauricio Higuera
MEXICALI BC 3 DE ABRIL DE 2024 (AFN).- El Congreso de la Unión es quien tiene la facultad de legislar en materia laboral, por lo que el Poder Legislativo de Baja California no tiene la autoridad para establecer sanciones a las llamadas “empresas golondrinas”, aseguró el abogado Guillermo Rivera.
La reforma que establece sanciones a dichas empresas, y que es impulsada por la diputada local Michel Sánchez Allende, contempla la adición de un título denominado “Delitos contra el trabajo y la previsión social”, con una serie de nuevos artículos en el Código Penal de Baja California, con el que se busca establecer como delitos al menos 13 acciones.
Al respecto, el litigante señaló que los congresistas locales omiten considerar la existencia de otros medios jurídicos de defensa para garantizar la protección de los trabajadores, en los casos de las empresas en mención, las cuales sin previo aviso dejan de operar y liquidar a sus empleados.
“En ese sentido, existen otras medidas, sin necesidad de afectar a la totalidad de patrones, y sobre todo, afectar a los pequeños y medianos empresarios; dicha medida puede ser válida y eficazmente sustituida por otras civiles, mercantiles y administrativas que se enfoquen en proteger a los trabajadores, ejemplo, materializar el seguro de desempleo que ya existe en la ley, y protegerlo con los múltiples programas sociales que oferta el gobierno, para que el trabajador no quede en insolvencia” expuso.
Guillermo Rivera, refirió que los diputados locales fueron omisos además en hacer un estudio comparativo de las ventajas y desventajas de la aplicación de la norma penal aludida, y tampoco evaluaron si con la pérdida de la libertad personal, o de la autonomía individual de las posibles personas infractoras, sería factible evitar o disuadir a las empresas golondrinas.
Finalmente, el abogado, mencionó que los diputados pueden ser señalados de opacidad legislativa, así como una alta posibilidad de que se anuncien amparos por parte de los empresarios de las MYPYMES en caso de ser aprobada la ley, los cuales se presentarían en un plazo de 30 días a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
