También informan a Gobernadores
*.- Un grupo de ciudadanos pide revisar el Pacto
*.- Ha sido “insana” la relación, e injusta, advierten
*.- Notifican a Gobernación y a Gobernadores
*.- Preparan el “Plan BC” y harán mesas de discusión
TIJUANA BC 26 DE MAYO DE 2020 (AFN).- Los siete gobernadores del país que buscan un nuevo pacto fiscal con la Federación, lo mismo que la secretaría de Gobernación; el gobernador de la entidad, y diputados del Congreso del Estado recibieron la notificación de un grupo de bajacalifornianos, que consideran -también- la necesidad de que se replantee ese pacto fiscal federal, para un mayor y real beneficio de las entidades que contribuyen.
El documento respectivo fue enviado -a través del diputado de la cámara local Rodrigo Otáñez Licona- y en éste se hace saber que en Baja California están convencidos de que a lo largo de los años “esta insana relación” que se ha dado en materia fiscal entre la federación y los Estados de la república, no sólo ha generado situaciones inequitativas entre los gobiernos locales y el central, sino que además: “se ha contribuido a profundizar la pobreza y otros rezagos que ya son insostenibles, limitando así el progreso de la república”.
De esta forma, elaboraron el Plan Baja California para un Nuevo Federalismo, ya que señalan que al igual que el grupo de gobernadores (que encabeza el mandatario del estado de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca) coinciden en que ya es inaplazable consolidar un nuevo federalismo.
Los bajacalifornianos encabezados por: Mario Baylón, presidente del Grupo 21, y otros ciudadanos como: Juan Marcos Gutiérrez, Hugo Salinas, Luis Francisco Monroy Gutiérrez, Hernando Durán, Julián León, Adrián Olea, Roberto Quijano Luna, y Gustavo Fernández, están haciendo -además- un llamado a los gobernadores, para que se integran a las mesas de trabajo que se instalen, y a representantes del Gobierno federal, para que los escuchen, estableciendo que estos ejercicios democráticos “son esenciales para el mejoramiento de la vida de todos los mexicanos”.
Dentro del Plan Baja California, se advierte que, en la actualidad, este Estado fronterizo es la sexta economía del país, en la aportación de los recursos de impuestos generados por la infraestructura productiva.
Además, establece que un buen administrador privilegia los casos de éxito que ofertan una seguridad en la producción de la riqueza, como es el caso de este Estado “donde se estima que: a mayor impulso, mayor será el ingreso que se puede lograr”, sin embargo, advierten que esta idea no la comparten en el Gobierno federal.
Señalan que no es suficiente “el mal trato que recibimos del gobierno central, sino que ahora se reducen los programas federales -como son los del ramo 23 y 33- que incluyen: los fondos para la frontera, el fortalecimiento de infraestructura Estatal y municipal; proyectos de desarrollo regional, el fondo metropolitano, los servicios de salud, la seguridad pública, y, por si fuera poco, la nómina educativa.
Por todo esto, se dice que resulta necesario reformar diversos artículos relacionados a la distribución del erario, los cuales están contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos, entre otras normatividades, y consideran que es necesario buscar qué material, participantes, y aportaciones federales se han incluido; así como los índices no contemplados en la fórmula del cálculo para determinar los montos de los mismos, toda vez que por su situación geográfica y económica prevalecen requerimientos muy diferentes al de los estados no fronterizos.
El objetivo, indican, es manifestar que se deben incluir variables no consideradas en el método de cálculo actual de las participaciones federales hacia el Estado de Baja California, demostrando la importancia de estas, ante la federación, y la rentabilidad que se obtendrá en beneficio a los tres niveles de gobierno.
Asimismo establecen que es preponderante: “realizar modificaciones al Convenio de Coordinación Fiscal, priorizando en las fórmulas, índices que den impulso a los sectores productivos del Estado de Baja California, y otras entidades federativas, ya que en la actualidad, no es justa ni proporcional la distribución de los impuestos que hace el Gobierno federal, con la productividad que se genera en el Estado”, y se establece que no es lo mismo invertir en crear infraestructura productiva -que suele ser más costosa- que mejorar e impulsar la infraestructura productiva existente.
La razón de esto, indica el documento, es que ven la necesidad de renegociar lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, y otros ordenamientos jurídicos relativos al tema, a través de propuestas para establecer un nuevo Convenio Fiscal, con el propósito de redistribuir eficiente, proporcional y equitativamente, los recursos del erario en el que los tres niveles de gobierno y las entidades federativas, salgan beneficiadas por el bienestar social y económico del pueblo mexicano.
Las propuestas las resumen en tres puntos que son: modificar la fórmula del Fondo General de Participaciones Federales; reformular y redireccionar el Impuesto Sobre el Valor Agregado, y modificar el Impuesto Sobre la Renta a los REPECOS inscritos en el padrón de los municipios.
Cuando el Congreso federal reinicie el periodo de sesiones, se le enviará el documento a los legisladores que lo integran.