Columnista de la SillaRota: ANDREW SELEE

En un nuevo libro publicado por el Centro Wilson, Luis Rubio argumenta que México necesita de un estadista que está dispuesto a ceder poderes informales en aras de hacer funcionar el gobierno como debe de ser.  En el libro Una Utopía Mexicana: El Estado de Derecho es Posible  argumenta que el presidente mexicano en turno goza de amplios poderes informales sobre los gobernadores, legisladores y el sistema judicial, pero que carece de un Estado que funcione bien o que tenga instituciones capaces de llevar a cabo sus funciones y sus proyectos. 
 
Frente a esta contradicción, un presidente poderoso con un Estado deficiente, Rubio propone un trueque interesante: Que el presidente que de veras quiere gobernar bien y con efectividad se dedique a construir un Estado de derecho que limita sus poderes informales, pero amplía las funciones formales del Estado. Sería un cambio de discreción por funcionalidad, de margen de maniobra por capacidad de gobernar.
 
Sabemos bien que los políticos en general no ceden sus privilegios no más porque sí, sino sólo cuando hay un impulso externo de control y fiscalización, pero en este libro nos propone un experimento mental en que un gobernante decide ceder poder, no porque es altruista, sino porque es visionario y entiende que reducir la discrecionalidad del gobernante a favor del gobierno fomenta una mejor efectividad de gestión que permite tener éxito en sus planes de gobierno. 
 
Es notable que en México, ninguna de las tres tendencias partidistas ha abanderado el Estado de derecho como tema central. En Chile y Uruguay y en cierta medida en Brasil, los partidos de centro-izquierda y centro-derecha adoptaron un compromiso claro y contundente con el Estado de derecho durante sus periodos en el exilio, y cuando regresaron a gobernar, en tiempos democráticos, lo llevaron consigo. Observar el caos y crueldad de periodos de desgobierno por juntas militares les convenció que no había eje más importante que el Estado de derecho.
 
En cambio, en México ni los partidos de centro-izquierda y centro-derecha, ni el Partido Revolucionario Institucional del siglo XX han sido capaces de abanderar esta demanda. Hay voces en el PRD y otras fuerzas de izquierda que apoyan a los derechos humanos, la reforma judicial y una lucha anticorrupción, pero son pocas y minoritarias. La izquierda se concentra más en demandas populistas que en una defensa de los ciudadanos y sus derechos a garantizar un Estado de Derecho que puede proteger a los más vulnerables.
 
Y el PAN, que en su momento tenía una vocación liberal, en el sentido de la defensa de los derechos individuales, tampoco ha llevado este compromiso a su conclusión lógica de apoyarse en una defensa del Estado de Derecho. El desgaste del poder y los impulso conservadores dentro del partido lo han alejado de sus orígenes en la defensa de los derechos básicos. 
 
Además, hubo un momento en que se vio la posibilidad de que el PRI hiciera suya la bandera del Estado de Derecho.  Fue este partido que apoyó la reforma judicial y llegó a la Presidencia en las elecciones recientes apoyando cambios a favor de la transparencia, un sistema educativo basado en criterios y reglas y un sistema judicial efectivo. Pero el sistema político de antaño que nutrió el PRI es uno de negociaciones y acuerdos, no de reglas e instituciones y ha sido difícil conciliar estas dos lógicas.
 
Desde luego, hay voces en todos los partidos que creen en el Estado de Derecho como un eje vital de la construcción democrática y, mucho más importante, hay una creciente presión desde la sociedad para que los políticos tomen en serio esta forma de pensar. En algún momento, quizás algunos políticos emprendedores y perspicaces decidan abanderar este tema, porque es políticamente viable, y es posible, como propone Luis Rubio, que hasta un gobernante decida hacer del Estado de Derecho su bandera, no por altruismo, sino porque le garantiza la mejor salida para hacer efectivos sus planes y proyectos. 
 
@SeleeAndrew

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