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¿Después del 22 de junio cuántos alcaldes suplentes de los siete municipios de Baja California entrarán en funciones?
ENSENADA BC 30 DE MAYO DE 2026.-Vaya sorpresa la que se llevaron varios legisladores de Morena cuando descubrieron que la lucha contra las castas judiciales y la permanencia prolongada en los cargos tenía algunas excepciones... y muy selectivas.
El encargado de encender las alarmas fue el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y “padrino político” de la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, pues el influyente legislador no se anduvo por las ramas y calificó como una “vergüenza nacional” la reforma que permite a cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral buscar una nueva permanencia de seis años, acumulando hasta 18 años en el cargo.
El diputado morenista reconoció que “es una vergüenza lo que hicimos”, “aberrante, vergonzosa”.
Lo más llamativo es que Ramírez Cuéllar no sólo cuestionó el fondo de la reforma, sino también la forma; según su versión, la propuesta impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, prácticamente apareció de última hora y sin una discusión previa al interior de la bancada mayoritaria.
En otras palabras, varios diputados terminaron votando una modificación constitucional cuya trascendencia apenas estaban dimensionando.
La cuestión es que, durante años, Morena construyó buena parte de su discurso político alrededor del combate a los privilegios, la renovación de las instituciones y el rechazo a las élites enquistadas en los espacios de poder.
Por eso resulta llamativo escuchar a uno de sus propios dirigentes históricos afirmar que la reforma judicial fue diseñada para promover “la renovación, la frescura y la entrada de nuevos elementos”, mientras que esta reserva abre la puerta para prolongar la estancia de quienes ya ocupan posiciones estratégicas.
Ramírez Cuéllar fue todavía más lejos al advertir que la medida es “violatoria totalmente de la Constitución” y recordó que el artículo 99 establece expresamente la no reelección de los magistrados electorales.
Así que la pregunta es simple: ¿cómo explicar que un movimiento que ha hecho de la no reelección una bandera termine aprobando un mecanismo que, en los hechos, permite una especie de reelección para integrantes del máximo tribunal electoral?
Los beneficiarios potenciales son los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, quienes llegaron al cargo en 2016. Inicialmente permanecerían hasta 2027, después recibieron una extensión derivada del ajuste del calendario electoral judicial y ahora podrían competir para quedarse hasta 2034.
Por eso el propio Ramírez Cuéllar reconoció que su partido corre el riesgo de caer en una contradicción difícil de explicar.
Volver al pasado
Y la discusión de la reforma que incorpora la llamada “injerencia extranjera” como causal de nulidad electoral volvió a exhibir la creciente desconfianza que existe entre el partido en el poder y la oposición rumbo a los comicios del próximo año.
El senador morenista Saúl Monreal intentó colocar a sus adversarios contra las cuerdas al preguntarles: “¿Por qué se oponen a que México tenga una defensa constitucional contra la interferencia extranjera? ¿por qué les incomoda que el voto del pueblo sea protegido?”.
Sin embargo, para la oposición esta iniciativa abre una peligrosa puerta a interpretaciones discrecionales que podrían utilizarse para impugnar resultados electorales adversos al partido en el gobierno.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció que la intervención extranjera en los procesos democráticos es un riesgo real y documentado, pero advirtió que el remedio propuesto podría resultar peor que la enfermedad.
“Lo que tenemos hoy no funciona más que como póliza de seguro electoral para 2027 y posteriores”, sostuvo el hijo del ex candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Colosio sugirió que la verdadera intención no sería proteger la democracia, sino contar con un instrumento jurídico disponible para futuras disputas postelectorales.
A esta crítica se sumó el panista Marko Cortés, quien calificó la iniciativa como “muy subjetiva, muy abierta y muy imprecisa”, al considerar que no define con claridad qué conductas constituirían una intervención extranjera suficiente para invalidar una elección; además, reprochó que la mayoría legislativa rechazara discutir una propuesta paralela enfocada en impedir la injerencia del crimen organizado en los comicios.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
