Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI BC, 29 DE MAYO 2026 (AFN).- Un diagnóstico detallado sobre la situación financiera del Issstecali, junto con un paquete de propuestas para su saneamiento, fue presentado esta mañana por parte de Octavio Sandoval López, presidente del CCE a nivel estatal, y Armando Gómez, asesor del organismo ciudadano de rendición de cuentas ObserBC, en el que destacaron la importancia de tomar medidas en el corto plazo, y no seguir con remedios temporales mientras termina el sexenio.
El líder empresarial advirtió que hay dos antecedentes preocupantes en el tema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali): el primero es la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a vulnerar el aguinaldo de los trabajadores del Issstezac -un símil del Issstecali en Zacatecas-, reduciendo el aguinaldo de 60 a 30 días bajo el argumento de la falta de recursos.
El segundo antecedente es la lucha que mantienen jubilados y pensionados de organismos públicos federales, llamando a sus derechos adquiridos “pensiones doradas” y recortando sus ingresos basados en el salario de la presidenta de la república.
De acuerdo con el análisis correspondiente al periodo 2017-2025, el Issstecali muestra una fuerte dependencia de las transferencias estatales, alcanzando en años recientes cerca del 50 por ciento, lo que representa una erogación de más de 8 mil 500 millones de pesos en 2025.
Otro problema estructural identificado es el crecimiento desproporcionado de las obligaciones por pensiones y jubilaciones, que aumentaron 184 por ciento entre 2017 y 2025, frente a un incremento de solo 54 por ciento en las cuotas y aportaciones de seguridad social.
Esto ha generado un desequilibrio crónico entre ingresos y egresos, explicó Sandoval, quien urgió a los diputados a legislar y hacer los cambios necesarios para sostener las pensiones y jubilaciones, así como el servicio médico.
El documento también destaca el uso excesivo de financiamiento a corto plazo, que en algunos años ha representado hasta el 99 por ciento del pasivo total, elevando considerablemente los gastos por intereses y servicios financieros, que han llegado a superar los 900 millones de pesos anuales.
Asimismo, se señala la necesidad de establecer reglas claras para el gasto en ayudas sociales, que ronda los 800 millones de pesos al año, una partida que el presidente del CCE estatal considera innecesaria ante otras necesidades más apremiantes que tiene el citado instituto.
El déficit actuarial del instituto, es decir, el faltante actual para cumplir con todas las pensiones prometidas en las próximas décadas, supera los 312 mil millones de pesos y continúa creciendo, advierte el informe.
Ante este panorama, Sandoval aclaró que la figura de “quiebra” no aplica a entidades públicas, solo las privadas, por lo que la solución debe pasar necesariamente por una reforma de fondo y no por su desaparición.
Entre las principales propuestas destacan una auditoría diagnóstica integral; separar los servicios de salud de los de pensiones; implementar cuentas individuales de aportación para cada trabajador; congelar plazas por cinco años para reorientar recursos al pago de pensiones; y convertir en delito grave la falta de aportaciones por parte de los titulares de las entidades públicas, entre otras.
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