LA BUFADORA
El Mosquito
Cuchillito de palo
¿Por qué nadie se preocupa por la salud mental del joven señalado como presunto responsable de la tortura y muerte de animales domésticos?
ENSENADA BC 25 DE MAYO DE 2026.- Representantes del sector turístico de Ensenada han comenzado a elevar la voz, para reiterar que nuestro municipio no puede seguir vendiéndose como destino internacional mientras sus vialidades parecen pista de obstáculos y con una movilidad urbana caótica.
Andrés Martínez Bremer, dirigente hotelero y de Proturismo, volvió a recalcar que el turismo ya no se sostiene sólo con campañas bonitas, festivales gastronómicos y fotografías del Valle de Guadalupe, porque los visitantes comparan ciudades completas.
Por ejemplo, un turista compara cuánto tardan en entrar a la ciudad de Ensenada desde la carretera Escénica, cuánto baches esquiva, qué tan fácil es desplazarse, si existen banquetas dignas, señalización moderna y funcional, accesos para personas con discapacidad y espacios públicos que no luzcan abandonados o saturados de vendedores ambulantes.
La cuestión es que ahora el principal reclamo ya no viene únicamente de los residentes.
Y aquí aparece el dato polémico, porque el impuesto sobre hospedaje genera más de 430 millones de pesos al año en Baja California. Entonces: ¿dónde está reflejado ese dinero en ciudades turísticas como Ensenada?
Basta recorrer zonas turísticas, accesos principales y vialidades estratégicas para entender que el crecimiento turístico ha ido mucho más rápido que la planeación urbana.
Les cargan el “muertito”
La discusión sobre impedir que el crimen organizado infiltre candidaturas revela una de las mayores debilidades del sistema político mexicano, toda vez que los partidos han perdido capacidad -o voluntad- para evitar postular perfiles ligados a grupos criminales; sin embargo, la solución propuesta desde el gobierno federal parece trasladar el problema al Instituto Nacional Electoral (INE), aunque se trate de una institución creada para organizar elecciones, no para realizar tareas de inteligencia o seguridad nacional.
Las advertencias del consejero Martín Faz exhiben el riesgo de desdibujar las funciones del INE, porque si el árbitro electoral comienza a participar en evaluaciones preventivas de “riesgo criminal”, entra en un terreno delicado donde pueden mezclarse criterios jurídicos ambiguos, presiones partidistas y uso discrecional de información confidencial.
El problema es que México enfrenta una creciente presencia del crimen organizado en gobiernos municipales, estatales y congresos; pero combatir esa infiltración requiere de fortalecer fiscalías, sistemas de inteligencia financiera y mecanismos de investigación judicial, y no convertir al órgano electoral en una especie de filtro policiaco sin facultades claras.
Además, la propuesta es contradictoria, pues la decisión final seguirá en manos de los partidos, dejando a la comisión del INE sólo como un mecanismo de advertencia y no como una verdadera barrera contra candidaturas sospechosas.
De cara a la elección de 2027 -con casi 19 mil cargos en disputa- la discusión apenas comenzó, pero la pregunta es: ¿quién debe impedir que el crimen llegue al poder, y con qué instrumentos puede evitarlo el Estado?
Reforma omisa
La reciente reforma al Poder Judicial confirma la mala costumbre de la clase política en el poder, de legislar primero y preguntar después cómo demonios se pretende aplicar lo aprobado.
Resulta que el gobierno federal decidió “despresurizar” al INE moviendo la elección judicial hasta 2028, pero dejó intacto el verdadero problema, que es un modelo de votación tan complejo que ni los propios árbitros electorales saben todavía cómo hacerlo funcionar sin entrar en una crisis logística.
Y eso no lo dice la oposición, ni los “conservadores”, ni los adversarios, lo reconoce el propio INE, el cual lamentó que sus observaciones técnicas terminaran archivadas.
El Instituto que preside Guadalupe Taddei propuso decenas de ajustes para corregir el desastre operativo de 2025, pero a los diputados que aprobaron la nueva reforma sólo les importó el cambio de fecha, y optaron por patear el balón dos metros adelante y declarar resuelto el asunto.
Por si fuera poco, ahora pretenden que el conteo de votos vuelva a realizarse en las casillas, como en las elecciones tradicionales, aunque la boleta judicial siga pareciendo vieja guía telefónica.
En 2025 el conteo tardó ocho días aun realizándose en oficinas distritales y con personal especializado, pero en la lógica de la 4t, si algo sale complicado, la solución es hacerlo todavía más enredado.
Otro tema son los famosos “acordeones”, esos instructivos electorales disfrazados de orientación ciudadana que casualmente coincidían con los nombres de quienes terminaron ganando, y aunque el INE reconoce que sí influyeron, oficialmente nadie quiere tocar ese avispero porque equivaldría a aceptar que la elección judicial estuvo muy lejos de ser el ejercicio “pulcro, democrático e histórico” que presumen las autoridades.
Además, aprobaron realizar la revocación de mandato y la elección judicial el mismo día en 2028, situación que también acarreará problemas, pues en la primera sí pueden estar presentes representantes de partido y, en la segunda, están prohibidos, por lo que tendrá que pensarse en dos sedes, una para cada elección.
Total, el INE ya verá cómo le hace.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
