#Cronografías
Por: Hugo Alfredo Hinojosa
CIUDAD DE MÉXICO 20 DE MAYO DE 2026.- El filósofo y maestro del derecho Cesare Beccaria no escribió, en el siglo XVIII, De los delitos y de las penas para absolver a nadie, es por demás un libro de lógica; y lo escribió para exigir proporcionalidad entre la falta y su consecuencia, y para advertir que el uso del castigo como espectáculo público no produce justicia sino una teatralización de la autoridad que, en el fondo, sirve a quien la ejerce y no a quien supuestamente vindica. Su lógica es impecable y su aplicación al debate mexicano sobre la Conquista es inmediata: si la pena debe ser proporcional al delito, la pregunta previa es si existe un sujeto capaz de cometerlo, un sujeto capaz de recibirlo y un tribunal con jurisdicción sobre ambos. En el caso que nos ocupa, ninguna de las tres condiciones se cumple. Y sin embargo el espectáculo continúa, con toda la solemnidad de quien confunde la retórica con el pensamiento.
México, nuestro país, como concepto político y cultural, no existía hace quinientos años. Este dato, que parece elemental, es el que el discurso oficial evita con mayor consistencia porque su aceptación destruye el argumento completo. Lo que existía en el territorio que hoy denominamos México era una pluralidad de entidades políticas, castas y pueblos con vínculos comerciales, disputas bélicas y cosmogonías propias e irreconciliables entre sí, entre las que el imperio mexica era la potencia hegemónica regional y, por esa razón, también la más odiada por quienes la padecían.
Los tlaxcaltecas no esperaron la llegada de Hernán Cortés para tener enemigos: llevaban décadas resistiendo la expansión mexica, suministrando víctimas para el sacrificio ritual y soportando la presión tributaria del Huey Tlatoani con la misma resignación con que se soportan los imperios inevitables. Que después se aliaran con los conquistadores no es una traición a “México” sino la conducta perfectamente racional de una entidad política que identificó en el recién llegado un aliado estratégico contra su opresor inmediato. Reprocharles esa decisión con la óptica de un nacionalismo que tardaría tres siglos en nacer es, en el mejor de los casos, anacronismo; en el peor, deshonestidad intelectual deliberada.
Así, el nombre mismo del país es una construcción tardía y accidentada. José María Morelos y Pavón propuso en 1813, en los Sentimientos de la Nación, llamarlo América Mexicana. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 adoptó el término de forma oficial. Por otra parte, Agustín de Iturbide lo bautizó Imperio Mexicano en 1821. La primera república federal lo convirtió en 1824 en Estados Unidos Mexicanos, nombre que todavía figura en la Constitución y que casi nadie usa porque resulta incómodo admitir que fuimos tan poco originales en la nomenclatura como para copiar el esquema federal del vecino del norte con apenas tres años de diferencia. El término Nueva España dejó de usarse oficialmente el 27 de septiembre de 1821. Antes de esa fecha, no había México que conquistar ni mexicanos a quienes humillar. Había nahuas, mayas, zapotecas, purépechas, totonacas, otomíes y docenas de pueblos más que no se habrían reconocido entre sí como connacionales bajo ninguna categoría en su horizonte conceptual.
El inicio de todo fue debido a que Cristobal Colón llegó buscando las Indias y encontró un continente que no sabía que existía. Nombró a sus habitantes “indios” por error geográfico, un error que la lengua española perpetuó durante cinco siglos con la pertinacia (apenas aprendí esta palabra) de los malentendidos que convienen a alguien. Américo Vespucio corrigió la geografía y le prestó su nombre al continente, operación que la historia recuerda con más generosidad de la que merece dado que Vespucio tampoco entendió del todo lo que estaba mirando. De ese encadenamiento de imprecisiones nació el vocablo “indígena”, que en estricto sentido significa “de la India”, y que hoy se usa con solemnidad constitucional para designar a los pueblos que habitaban estas tierras mucho antes de que ningún europeo tuviera la iniciativa de equivocarse de continente. Si la coherencia importara tanto como el simbolismo, el debate público llevaría años discutiendo si “pueblos originarios” no es también una concesión terminológica a la imprecisión, o si “pueblos nativos” resuelve el problema sin crear uno nuevo. No lo discute porque el debate no es lingüístico ni historiográfico. Es político, y la política tiene poca paciencia con la precisión cuando la vaguedad le sirve mejor.
La construcción de México como nación no es cualitativamente diferente de la de cualquier otro Estado surgido de la disolución de un Imperio o de la colisión entre potencias. Grecia, como concepto político unificado, es una invención del siglo XIX promovida en parte por el romanticismo europeo y por la conveniencia de las potencias que querían debilitar al Imperio Otomano. El Partenón fue construido por atenienses que no se habrían llamado “griegos” en el sentido moderno del término y que habrían considerado a los espartanos enemigos más naturales que compatriotas. Roma asimiló, transformó y en buena medida destruyó la cultura helénica al mismo tiempo que la veneraba, y el resultado de esa colisión es lo que hoy llamamos civilización occidental, con toda la mezcolanza de tradiciones, lenguas, mitos y contradicciones que eso implica. Nadie en Atenas exige disculpas al Vaticano por la latinización del pensamiento griego. La madurez histórica consiste, precisamente, en entender que las civilizaciones se construyen sobre ruinas y mezclas, no sobre purezas que nunca existieron.
En este sentido, lo que ocurrió aquí es análogo y no por ello menos violento ni menos real. La Conquista fue un proceso de destrucción, sometimiento y reconfiguración cultural de una brutalidad que el registro histórico documenta con suficiente detalle como para no necesitar amplificación retórica. También fue el origen involuntario de lo que somos. El español que hablo, los apellidos que cargo, la arquitectura que habito, la religión que heredé, el sistema jurídico bajo el que me proceso cuando delinco o me delinquen: todo eso viene de ese momento fundacional que el discurso oficial convierte en trauma puro cuando en realidad es, como todos los orígenes, una combinación de violencia y síntesis que no admite lectura unidimensional sin perder precisión.
Un gran porcentaje de los mexicanos somos, nos guste o no, de ascendencia española en distintas proporciones: criollos, mestizos, y también los propios pueblos originarios cuyas lenguas incorporaron castellanismos hace siglos y cuyas comunidades practican el catolicismo con una intensidad que haría sonrojar a más de un obispo peninsular. La pureza que el discurso indigenista defiende no existe en ningún laboratorio antropológico riguroso. Existe en el imaginario político como instrumento de movilización, que es un uso legítimo hasta que pretende pasar por verdad histórica.
El episodio de Isabel Díaz Ayuso y su visita a la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México merece detenerse en él, no porque sea el más grave de los argumentos que este debate ha producido, sino porque es el más ilustrativo de su nivel de absurdo. Un vocero del partido oficial, cuyo nombre ahorro porque la fama inmerecida también es una forma de recompensa, declaró que recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid en una alcaldía llamada Cuauhtémoc constituía una afrenta a los mexicanos, argumentando que Hernán Cortés le quemó los pies al último tlatoani. Sigo sin entender del todo la operación mental del diputado y sus asesores para llegar a ese argumento metafísico y oscuro… El argumento tiene el mérito involuntario de condensar en una frase todos los problemas del debate: el anacronismo, la confusión entre símbolos y sustancia, la incapacidad de distinguir entre la corona española del siglo XVI y una gobernante electa del siglo XXI en un sistema democrático, y la certeza implícita de que el interlocutor no va a exigir coherencia. Cuauhtémoc fue torturado por Cortés. Isabel Díaz Ayuso no es Cortés. Esta distinción no requiere doctorado ni fuero federal… y es a lo que llamamos comúnmente estirar la liga… hasta que el mismo diputado declara que es una traición a México… no veo la relación…
Lo que sí requiere atención urgente es lo que ese discurso desplaza. En la sierra de Guerrero, específicamente en la región de Chilapa, familias enteras de comunidades originarias/nativas huyen del control territorial del crimen organizado con una regularidad que el Estado mexicano ha normalizado hasta volverla invisible. Por otra parte, niñas de diez años son vendidas en matrimonios que los sistemas jurídicos de usos y costumbres amparan bajo la categoría de autonomía indígena, una categoría que el relativismo cultural de cierta izquierda trata con una delicadeza única. La pederastia, la trata de mujeres y la servidumbre doméstica en comunidades rurales del sureste no reciben la décima parte de la energía retórica que el gobierno destinó a exigir disculpas al rey de España, un ejercicio que a la niña vendida al hombre de 60 años en la sierra le resuelve exactamente nada. El contraste no es accidental. Es la marca de un discurso que necesita el problema lejano e irresuelto para no tener que resolver el cercano e inmediato.
El indigenismo de escaparate, ese que se practica y practican los nuevos funcionarios mexicanos con huipil comprado en tienda de artesanías y discurso de tribuna parlamentaria, tiene la particularidad de ser perfectamente compatible con el abandono real de las comunidades que dice defender. La funcionaria que llega a la conferencia mañanera con blusa de manta y pulseras de barro negro cumple una función simbólica que el antropólogo Clifford Geertz habría analizado como teatro del Estado: la ritualización de una identidad que produce consenso sin producir política pública. El símbolo es real en sus efectos, como también diría W.I. Thomas, pero sus efectos son la legitimación del portador, no el fortalecimiento de los portados. La brecha entre ambos, entre quien usa el símbolo y quien lo origina, es exactamente la medida de la hipocresía del proyecto.
Así pues, Beccaria insistía en que la ley debe ser clara, proporcional y aplicable. La disculpa pública de un monarca a nombre de una corona que ya no gobierna, por actos cometidos hace cinco siglos contra pueblos que no se llamaban como los llamamos hoy, en favor de una nación que tampoco existía entonces, no cumple ninguno de los tres criterios. No es clara porque nadie puede definir con precisión quién pide, quién recibe y en nombre de quién. No es proporcional porque la consecuencia simbólica no guarda relación con ninguna reparación material concreta. No es aplicable porque no existe marco jurídico ni filosófico que sostenga la culpabilidad transgeneracional en los términos en que se la plantea. Lo que produce, en cambio, es exactamente lo que Beccaria advertía del castigo como espectáculo: la ilusión de justicia para quien la proclama, el resentimiento de quien la recibe, y ninguna transformación real para quien supuestamente la necesitaba.
Por tanto, salir de la mediocridad, frase que suena a consigna de autoayuda pero que en este contexto tiene una precisión descarnada, requiere abandonar los debates que no llevan a ninguna parte y enfrentar los que incomodan a todos. México, nuestro país, no puede permitirse el lujo de gastar energía política en la diatriba contra una potencia colonial que hace doscientos años dejó de serlo, mientras las comunidades cuya dignidad supuestamente defiende ese discurso viven bajo condiciones que ninguna teoría de la descolonización ha logrado mejorar un milímetro.
En este sentido, el discurso de la descolonización en México es, en su capa más profunda, una pelea de clases, e ideologías de izquierda, con vestuario prehispánico. Quienes lo protagonizan no son los pueblos originarios, que tienen urgencias infinitamente más concretas que una disculpa diplomática, sino una clase política letrada, universitaria y urbana que encontró en el agravio histórico la coartada perfecta para sostener una narrativa de confrontación sin asumir los costos de una transformación real. La conquista, en ese esquema, no es un hecho histórico a comprender sino un recurso retórico a administrar: mantiene caliente una fractura identitaria que desplaza la atención de la fractura económica, que es la única que esa clase política no tiene ni el interés ni la capacidad de cerrar. Hernán Cortés lleva muerto cinco siglos. La desigualdad entre quien porta el huipil y quien lo teje lleva el mismo tiempo perfectamente viva, y esa es la conversación que nadie en la tribuna tiene prisa por iniciar.
Y remato con lo siguiente: hoy la clase empresarial que se siente resguardada corre también el riesgo de ser vilipendiada y explotada porque, en su núcleo simbólico, también son conquistadores de una clase social arrollada que necesitará tarde o temprano una disculpa pública, que no piden, pero que el sistema político y sus personajes ideologizados exigirá so pretexto de expropiación de su libertad operativa. Ya existen los falsos profetas de redes sociales abrazados por el sistema que venden la idea de que el mejor modelo de mercado es el chino, porque el gobierno forma parte y ejerce un control sobre las empresas; no olvidemos que todos los grandes cambios y catástrofes inician con los rumores… nuestra percepción distraída debe reparar en eso.
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Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
