Por Oscar Tafoya
TIJUANA BC 6 DE MAYO DE 2026 (AFN).- Baja California atraviesa por una de sus peores crisis económicas en 17 años. Por más que las autoridades estatales traten de omitir o buscar un ángulo optimista a las cifras de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Economía (SECON), el Banco de México (Banxico), o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por mencionar a los referentes principales que publican información mensual.
Los factores internacionales que generan incertidumbre y conflicto entre los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) y México comenzaron a partir del 20 de enero de 2025, lo que tumba cualquier argumento para tratar de justificar el desastre en materia de política económica implementada por el gobierno del Estado de Baja California, si es que existe alguno.
Antes de asumir Donald Trump la presidencia de EEUU, en México, específicamente en Baja California, las consecuencias por el debilitamiento de las instituciones provocaron la desconfianza empresarial, aunado a las reformas laborales y la destrucción del estado de derecho, sin olvidar la ola de inseguridad que se traduce al sector privado en el escalamiento de las extorsiones o cobros de piso.
Fue en el cuarto trimestre de 2023 cuando el declive económico dio sus primeros indicios en Baja California, mientras el Poder Ejecutivo local soslayaba las implicaciones adversas que se resentían en las actividades formales de la entidad.
Pasaron los años con negaciones y terquedades, lo que implicó en una dura factura a pagar en Estado al documentar el IMSS la pérdida de 16 mil 490 empleos formales en 2024 y la pérdida de 13 mil 399 empleos formales en 2025. Es decir, cerca de 30 mil trabajadores menos en la formalidad, sin mencionar los puestos de trabajo que se veía obligado a generar el mercado laboral.
En esos mismos años, el IMSS reportó que cerraron 21 mil 066 empresas formales. Y nuevamente, el gobierno del Estado negaba la realidad de los datos que cuando son negativos no los reconoce. Y en las presentaciones que envían a los empresarios las interpretaciones destacan por su sesgo.
Otro dato es la inversión extranjera a Baja California, la cual cayó 24% anual durante 2025, indica la SECON. Un ejemplo más de la pérdida de competitividad por los rezagos en infraestructura carretera, suministro de energía eléctrica y distribución de agua, tres factores claves para captar nuevos capitales.
Ya con estos elementos, que tienen en recesión económica a Baja California, debe agregarse con la delicadeza que requiere, la guerra arancelaria de la nueva etapa de Trump al frente de EEUU, y la otra, la del narcotráfico, la que ya alcanzó su punto más álgido con la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia y dejó la gubernatura de Sinaloa.
Este factor es alarmante en medio de la renegociación del T-MEC, por lo que, de tomar el gobierno de Baja California, que es de Morena, la vergonzosa postura del gobierno federal, se estará condenando el futuro del Estado porque es una de las entidades del país más íntimamente ligadas con EEUU en materia económica.
Décadas atrás Baja California ha sido top 5 en exportaciones e inversión extranjera por su cercanía con EEUU, empero, si el gobierno del Estado hace segunda a los dichos de la federación, que es evidentemente lo más probable, la salida de inversiones será notable en 2026 afectando a las empresas locales y provocando, por tercer año consecutivo, la pérdida de empleos formales.
Son prácticamente 4 millones de habitantes en Baja California, los que padecen de problemas no vistos por cerca de 20 años. Estamos en recesión, no con dos trimestres, ahora con tres con crecimiento negativo.
Es momento de dejar las ocurrencias, las consecuencias pueden ser fatales, sobre todo, cuando en la acusación formal de los EEUU contra Rocha Moya, en la página 9, se menciona a Baja California como uno de los principales puntos de entrada de narcóticos con destino al vecino país. La mira está puesta, se acabaron los juegos, porque están en riesgo los bajacalifornianos por las implicaciones de posturas radicales futuras que agravarían la crisis económica en el Estado.
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