LA BUFADORA
El Mosquito
¿Cuchillito de palo?
¿Si Marx Arriaga estaba haciendo tan bien su trabajo entonces por qué lo despidieron?
ENSENADA BC 21 DE FEBRERO DE 2026.- En este espacio siempre hemos sostenido desde hace meses que la designación de él o la candidata de Morena y aliados a la gubernatura de Baja California, se definirá en una mesa de negociaciones en la Ciudad de México, donde sólo tendrán silla un puñado de personajes, entre ellos los padrinos y madrinas de varios aspirantes estatales a contender en 2027.
Y aunque el próximo 7 de marzo Morena anuncie las reglas de la competencia interna, siendo la “encuesta” el método más adecuado según los dirigentes guindas, lo cierto es que la postulación será el resultado de un acuerdo político.
Hasta el momento, mantienen su asiento es esa privilegiada mesa figuras como Pedro Haces Barba, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem); Alberto Anaya Gutiérrez, eterno dirigente del Partido del Trabajo (PT); Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien ciertamente obedecerá las instrucciones de la familia González; Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena, así como Andrés López Beltrán, hijo del ex presidente López Obrador.
Los que ya perdieron su lugar son los ex aspirantes presidenciales Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña.
También podrían alcanzar silla de segunda fila políticos como Ricardo Monreal Ávila y Marcelo Ebrard Casaubón.
Pero siendo Baja California una entidad con escaso peso electoral, corre el riesgo de ser moneda de cambio en la repartición de candidaturas que pacte Morena con el PT y PVEM, y todavía sí en este estado fronterizo se les suma el Partido Encuentro Solidario (PES).
Por tanto, si los morenistas quieren continuar con este jueguito de simulaciones democráticas, deberían evitar gastos innecesarios, porque una vez más prevalecerán las imposiciones.
Mientras, y sólo como entretenimiento, desde el zócalo capitalino filtran rumores para entusiasmar a los ilusos e ilusas.
El último trascendido es que Ricardo Monreal sería designado coordinador de la circunscripción electoral número uno, a la que pertenece Baja California, y eso fue motivo suficiente para que se desatarán los demonios. El que entendió entendió.
Controlar al árbitro
Los partidos políticos en México han encarecido los procesos electorales constitucionales por fomentar la cultura de la trampa y el fraude, por eso organizar las votaciones sale muy caro por la gran cantidad de candados legales que se han impuesto antes, durante y después de acudir a la jornada electoral.
Y ahora pretenden que la “austeridad republicana” también se aplique en el Instituto Nacional Electoral (INE), con la elegante propuesta de convertir en temporales sus juntas estatales y distritales.
La comisión presidencial para la reforma electoral puso sobre la mesa números muy atractivos para justificar su propuesta, que busca ahorrar casi seis mil millones de pesos en años no electorales.
Suena bien, pero el detalle es que tres cuartas partes del ahorro vendrían de desaparecer, de facto, las 300 juntas distritales permanentes del INE. Es decir, desmontar la estructura territorial que hace posible que las elecciones no se improvisen, y de paso eliminar también a los institutos estatales electores.
Al respecto, el ex presidente del viejo Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, sostuvo que convertir en eventuales esos cargos es serrucharle las piernas al instituto.
Y si cada tres años se contrata personal nuevo, la curva de aprendizaje será tan empinada como peligrosa, porque donde hoy hay servicio profesional electoral, mañana podría haber cuotas, compadrazgos y dados cargados.
Las juntas locales no sólo montan casillas; investigan quejas, fiscalizan gastos, actualizan el padrón, redibujan distritos, porque son la maquinaria que trabaja para reducir al máximo el margen de error y duda.
Los consejeros Dania Ravel y Arturo Castillo advirtieron que el trabajo electoral es permanente. Y tienen razón.
Así que no se vale ahorrar para debilitar a la institución que permite la alternancia pacífica en el poder.
La pregunta no es cuánto cuesta mantener las 300 juntas distritales del INE, sino cuánto costaría que pierdan independencia, experiencia y profesionalismo.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
