LA BUFADORA
El Mosquito

ENSENADA BC 28 DE ENERO DE 2026.- En San Quintín el problema no es que falten operadores políticos, sino que nadie quiere buscar las coincidencias, porque eso atenta contra los intereses de los diversos grupúsculos que desde hace años se sienten los dueños de la verdad en el sur de la península.

Pero según el diputado local Juan Manuel Molina García, para destituir a la alcaldesa morenista Miriam Cano Núñez hay dos caminos muy claros. 

Uno es la revocación de mandato que debe iniciar el Cabildo. El otro, el juicio político, que tendría que llegar al Congreso del Estado. Dos rutas perfectamente señalizadas… y absolutamente desiertas.

Y no es porque no haya razones. Un reducido grupo de personas bloqueó durante una semana la carretera Transpeninsular, no por gusto según ellos, sino por hartazgo.

Pero resulta que ningún regidor ha querido levantar la mano para iniciar la revocación. Qué raro. Sobre todo si consideramos que esos mismos ediles ganan 65 mil pesos mensuales en un municipio recién estrenado, con más problemas que reglamentos (literalmente: uno solo en cuatro años). Quizá el sueldo nubla la vista y la conciencia.

Del otro lado, tampoco hay juicio político. Nadie ha presentado la denuncia formal. Es decir, la inconformidad ciudadana podría ser real, sonora y constante, pero jurídicamente sigue siendo como el viento, porque nada queda en papel.

En tanto, el Congreso exhorta, solicita explicaciones, pide avances, pregunta por auditorías reprobadas y espera respuestas del síndico. Todo muy institucional. Todo muy correcto. Todo muy lento.

Ahora la esperanza está puesta en una auditoría externa que, dependiendo de lo que arroje, podría convertirse en argumento para una revocación. Es decir, primero el dictamen, luego el análisis, después la voluntad política, si es que la hay.

¿Y el caso Sauzal?

Mientras el gobierno federal habla de extradiciones, carpetas de investigación y empresarios estadounidenses ligados al huachicol fiscal, en El Sauzal de Rodríguez el tema ya no suena a novedad, sino a déjà vu. Aquí, el tráfico ilegal de combustible paso de ser rumor de muelle para convertirse en un secreto a voces que nadie quiso escuchar a tiempo, porque más de un funcionario público decidió mirar hacia otro lado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hay detenidos en Estados Unidos y que México ya pidió su entrega, pero evitó soltar nombres y números; sin embargo, aquí en Baja California esa cautela contrasta con la ligereza con la que durante mucho tiempo se permitió que El Sauzal operara como punto estratégico para el ingreso y manejo de combustible de dudosa procedencia. 

Empresas fachada, pipas que entraban y salían, y una actividad portuaria que creció más rápido que la capacidad -o la voluntad- de supervisión.

Lo incómodo del asunto no es sólo que el huachicol fiscal cruce fronteras, sino que atraviese instituciones. Porque si desde Houston hasta Monterrey se tejen redes, en Ensenada alguien tuvo que autorizar, omitir o simplemente callar. 

Ahora que la Federación promete llegar hasta las últimas consecuencias, valdría la pena preguntar si esas consecuencias también alcanzarán a los funcionarios adscritos en este municipio que fingieron no ver lo que pasaba en El Sauzal, o si, como suele ocurrir, no pasará de ser un escándalo sin consecuencias para nadie.

Costoso error

En la arena política hay errores que pesan y se pagan muy barato; y hay quienes cometen errores “pequeños” que pesan ochocientos mil pesos.

La diputada local Alejandra Ang Hernández asegura que todo se resolverá con papeles, certificaciones y una visita a la garita de Calexico, como si el incidente del dinero no declarado fuera un simple trámite administrativo y no un tropiezo político del tamaño de un maletín repleto.

La narrativa es conocida: no fue mala fe, fue burocracia; no fue omisión, fue retraso; no fue descuido, fue falta de documentos. 

Eso sí, el efectivo apareció oportunamente dividido en dos bolsas, detalle que por ahora se queda en el limbo informativo, a la espera de que la Aduana tenga la primicia.

Mientras tanto, el respaldo llega con extremo cuidado y distancia, pues Jorge Ramos Hernández, hoy del partido Verde, pero con pasado panista y discurso de equilibrista, pide no “cabezas” sin pruebas, pero tampoco aplaude. 

La diputada cometió un error, dice, como quien derrama café sobre la alfombra, sólo que aquí la alfombra fue la Comisión de Vigilancia del propio Congreso del Estado.
Mientras tanto el desempeño de Ang Hernández al frente de dicha comisión se mantiene -según sus pares- impoluto, casi blindado, aun cuando el episodio ocurra precisamente cuando el tema central es la vigilancia y la rendición de cuentas.

El problema, además de legal, es simbólico. En tiempos donde Morena presume superioridad moral y el discurso anticorrupción es estandarte, cruzar la frontera con dinero sin declarar no es un “error administrativo”, es munición política gratuita. Y aunque se repita que se separa el hecho de la función, al ciudadano promedio le cuesta trabajo hacer esa gimnasia mental cuando ve que quienes fiscalizan cuentas públicas ajenas no logran aclarar con prontitud la propia.

Al final, todo se reducirá a documentos, declaraciones y resoluciones oficiales. Y mientras la diputada prepara si visita a la garita, el verdadero cruce pendiente es otro, el de la credibilidad.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor