MEXICALI BC 15 DE FEBRERO DE 2026 (AFN).- La presidenta del Congreso local, Michel Sánchez Allende, aseguró que las personas que laboraron en la empresa Autolite, en Mexicali, enfrentan dificultades para encontrar empleo, debido a que son discriminados por la edad y falta de estudios.

El pasado mes de enero, el corporativo con sede en Mexicali, suspendió actividades de forma sorpresiva, dejando en el abandono a 405 empleados, a quienes incumplió con el pago de salarios y prestaciones.

Ante ello, la legisladora sostuvo una reunión con varios de los afectados, donde escuchó testimonios acerca de las irregularidades que venía cometiendo la empresa desde el año pasado, como el pago del salario en un 60 por ciento, argumentando una baja productividad.

En ese sentido, la legisladora dijo que ofreció su apoyo además de mantener comunicación con la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo para su pronta reinserción en el campo laboral.

“La gente está buscando justicia y vamos a acompañarlos; la gente quiere trabajar, pero se siente discriminada porque varios son mayores de 50 años y las empresas sólo contratan de 18 a 45 años, y porque otros apenas terminaron la secundaria o tienen preparatoria trunca. Autolite no se hizo responsable, hay personas que ni siquiera fueron notificados de que no habría operaciones; la empresa violentó los derechos humanos y laborales de las personas”, apuntó.

Agregó que las personas también son estigmatizadas, ya que al momento de mencionar en las entrevistas de trabajo que laboraron en la citada empresa, no los contratan diciéndoles que son revoltosos, y flojos.

Sánchez Allende hizo un llamado a los empresarios mexicalenses a ser solidarios y ofrecerles empleos en sus centros de trabajo, y recordó la importancia de aprobar la llamada “Ley anti golondrinas”, con la que se busca castigar el retraso o retención de salarios y la omisión en el reparto de utilidades, y que la Procuraduría del Trabajo pueda actuar por varias víctimas de manera conjunta, lo que permitiría agilizar investigaciones y evitar que las personas afectadas enfrenten procesos largos y aislados frente a empresas que ya no operan en el estado.

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