DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.- En su segundo informe de gobierno, el entonces Presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó; “en estos tiempos más que en otros, transformar es moralizar.”
Desde muchos años antes, López Obrador había sostenido que la corrupción es el principal problema de México y lo consideró la causa raíz de la desigualdad, la pobreza y la violencia en nuestro país.
Para la elección de 2018, AMLO propuso que la corrupción dañó irreversiblemente a México por lo que erradicarla “era la clave para resolver los desafíos nacionales como la inseguridad y la falta de crecimiento”.
La promesa sumó a millones de personas surgidas de las más disímiles corrientes y orígenes políticos entre las que predominó la histórica izquierda mexicana.
Es probable que al asumir la Presidencia, el padre fundador de la 4T no dimensionó la gran dificultad que era erradicar la corrupción, en consecuencia, empezó a quedar en el pueblo la idea de incumplimiento.
Los fallidos resultados de la Estafa Maestra de Rosario Robles (exonerada), Odebrecht de Emilio Lozoya, (amparado) y Agronitrogenados de Alonso Ancira (negoció su libertad) dejaron la sensación de que la impunidad subsistió.
A lo anterior habrá que sumar el caso de corrupción en Segalmex y las sospechas que persisten sobre la administración de la Conade en el sexenio anterior.
Con todo y eso, el electorado ratificó de manera arrolladora la continuidad otorgando una segunda oportunidad a Claudia Sheinbaum quien, a diferencia de su antecesor, ha tenido acciones contundentes en el combate a la corrupción.
Lo que todavía queda pendiente respecto de las acciones que la actual administración federal ha emprendido en contra de la corrupción es que haya castigo a los responsables, de lo contrario continuará la frustración social.
En el ámbito local la situación no es distinta, la promesa de los primeros gobiernos morenistas en el sentido de castigar a los corruptos del pasado fue incumplida.
Mediante negociaciones quedaron impunes muchas conductas que fueron señaladas por la población como casos de corrupción.
A la fecha, los gobiernos locales se debaten entre los señalamientos, el sospechosismo e indicios de actos de corrupción.
Los acontecimientos más recientes denotan una fuerte acción política para poner un alto a los excesos sin embargo la posición negacionista prevalece.
En el informe presentado ante el Congreso Local por la Secretaria Estatal de Anticorrupción y Buen Gobierno dio cuenta que entre noviembre de 2024 a octubre de 2025 abrieron 206 procedimientos de responsabilidad, de los cuales el 35% han concluido con sanciones.
También informó la existencia de 53 denuncias penales por actos de corrupción, de las cuales 22 están judicializadas, sin que se hayan informado los resultados.
Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de la FGE informó que 61 ex servidores públicos municipales y 170 estatales son investigados por el abuso de atribuciones y facultades, “por la adjudicación directa de recursos públicos utilizados de forma ilícita”.
De acuerdo con la información periodística, se estima que a la fecha en Baja California se tienen abiertas carpetas de investigación y/o procesos penales a dos ex gobernadores, a dos ex presidentas municipales, a un diputado local, a un ex senador, a ex secretarios y ex directores, presuntivamente a un presidente municipal en funciones, a conocidos personajes políticos y a destacados empresarios.
La tarea por erradicar la corrupción en México es inmensa y mientras no se desmantelen los andamiajes judicial y administrativo que la permite, las redes de compromisos económicos que la fomentan, así como castigar la delictiva conducta de apropiarse de bienes públicos, persistirá la inconformidad social por tan terrible mal.
NOMAS POR JODER:
El ex gobernador Ruffo dice que es inocente pues eran los de Aduanas quienes cambiaban la gasolina por aceite. Y él ni sabía.
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