Por: Fernando Núñez de la Garza Evia
Plaza Cívica
@FernandoNGE
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MONTERREY 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.- El Congreso del estado parece ser una de las cajas chicas de nuestras élites políticas. Morena y la oposición podrán debatir y estar en desacuerdo en muchos temas pero, cuando de dinero se trata que los afecta directamente a ellos, todos llegan a rápidos acuerdos. Resulta irónico que esto suceda en la sede de la representación popular, de lo cual la población poco o nada sabe acerca del hoyo negro por donde se van sus impuestos.

El Congreso del estado no sale bien librado cuando se le compara con el resto de los congresos locales. Primero, tenemos el cuarto congreso más caro del país, con 787.8 millones de pesos (mdp) de presupuesto para 2023 (en 2025 el presupuesto fue de 838.4 mdp). Segundo, tenemos el quinto congreso con más personal adscrito, con 582 personas. Y tercero, tenemos uno de los pocos congresos que no usó la figura de parlamento abierto en 2023. Por otra parte, son relativamente buenas noticias que estamos por debajo de la media en número de diputados locales, con 25; por debajo de la media en el número de comisiones, con 26; y somos uno de los congresos con más comparecencias, al menos durante 2023 (CNPLE – INEGI 2024).

Las cifras nos indican varias problemáticas. Que tengamos uno de los congresos más caros, a pesar de tener relativamente pocos diputados, nos dice que hay más dinero por diputado. Y que tengamos asimismo mucho personal adscrito, nos habla de un tipo de corrupción: patronazgo político. El patronazgo surge cuando el líder político utiliza el aparato público para proveer de empleo a sus allegados. La preparación no resulta importante, sino la lealtad, lo que inevitablemente representa un lastre para la profesionalización del Estado. Ya ni hablemos de la calidad de la democracia, la cual ha fallecido.

Al patronazgo político al interior del Congreso hay que agregarle el problema de clientelismo político por parte de nuestros legisladores. Y nada lo representa mejor que la bolsa de 90 millones de pesos que se repartirán nuestros 25 legisladores –es decir, 3 millones 600 mil pesos al año por diputado, o 300 mil pesos mensuales por diputado– por concepto de “apoyos sociales”. De acuerdo al diputado Jaime Cantón Rocha, quien preside la Comisión de Administración y Finanzas del Congreso, el dinero solo se repartirá durante el primer año legislativo, agregando que se vigilará que los recursos se ejerzan con transparencia y sin corrupción. La realidad es que los diputados no deben manejar recursos por “apoyos sociales”, que no tienen que rendir cuentas de un solo peso de ese dinero y, apuéstele, el siguiente año se volverá a repartir una bolsa similar. Lo olvidaba: todos los diputados, de todos los partidos políticos, votaron a favor de “la bolsa”.

Cantón Rocha declaró que habrá un proceso de “reingeniería” (lo que sea que eso signifique) en el Congreso, por el que habrá más transparencia en el manejo de los recursos públicos. El contrato para llevarlo a cabo se lo dieron… al hijo del exdirector de comunicación social del mismo Congreso, Ariel Lizárraga. En la sede popular del estado, hay un hoyo negro por donde se van innumerables recursos de los contribuyentes bajacalifornianos, mientras esos mismos representantes políticos nos exigen pagar más impuestos.

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