Cuchillito de palo
¿En dónde están los políticos que construyeron el movimiento de izquierda en Ensenada?

ENSENADA BC 18 DE JUNIO DE 2025.- Antes, cuando un alto funcionario dejaba su puesto en medio de controversias, se anunciaba que su salida se debía a motivos de salud, pero ahora son renuncias “por así convenir a sus intereses personales”.

Pues en la actual administración municipal de Ensenada, ya son varios los titulares de dependencias que se van de manera “voluntaria” y el más reciente fue Marco Orozco Orozco, quien se retira de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del XXV Ayuntamiento, siendo sustituido por Cristhopher Sánchez Bañuelos.

A través de un escueto comunicado, se dio a conocer que la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz “(…) ha encomendado al nuevo funcionario municipal reforzar los trabajos en materia de desarrollo urbano, agilizando lo tiempos de respuesta e implementar acciones que disminuyan los trámites burocráticos para el bienestar de las y los usuarios”.

Robo electoral

El diputado local morenista, Juan Manuel Molina García, denunció públicamente que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, se asignaron una millonaria indemnización por término de gestión, recurso que no está contemplado en el presupuesto, además de ser una acción inmoral.

Los magistrados Carola Andrade Ramos y Jaime Vargas Flores, quienes tras fungir como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), donde a inicios de la década del 2000 llegaron “palomeados” por el Partido Acción Nacional (PAN), al cual traicionaron para adherirse al proyecto de Jorge Hank Rhon en 2004, y luego simpatizar con el grupo político del entonces priista Francisco Castro Trenti, después saltaron al Tribunal de Justicia Electoral, organismo que les paga casi 200 mil pesos mensuales desde hace varios años, pero que ahora deben abandonar al concluir su periodo.

Por cierto, Vargas Flores contendió sin éxito el pasado 1 de junio por una silla en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero se quiere despedir como presidente de la instancia local con la módica cantidad de 4.5 millones de pesos.

En legislador morenista sostiene que dicha suma por concepto de indemnización es inconstitucional, porque no se consideró en la solicitud de presupuesto para 2025 que aprobó el Congreso del Estado.

Además, señaló que tal prerrogativa no aplica a los patrones, sino a los trabajadores que se rigen por la ley del Tribunal Electoral.

Sin embargo, cuando el propio Molina García trató de impugnar ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, la oficialía de partes de ese organismo no le recibió el documento.

Por tal motivo, informó que dio aviso de estos hechos a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Vamos a seguir la cadena impugnativa, como Legislatura debe analizarse también si debe de actuarse en una ruta jurídica legal, y el Poder Ejecutivo también porque estamos hablando de recursos del erario público”, remató.

Prevén correcciones 

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, admitió que la reforma al Poder Judicial, avalada por Morena y sus aliados en el Congreso federal, podría requerir de “correcciones mayores”.

Al realizar un balance sobre el proceso, que permitió la “elección” en las urnas de jueces y magistrados, la funcionaria reconoció que se trató de un trabajo complejo, que debe someterse a discusión.

El pasado domingo 1 de junio, pese a ser señalado como el proceso electoral con más irregularidades de los últimos años, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró con seis votos a favor y cinco en contra la validez de la elección para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin mencionar a Morena o a gobiernos, la mayoría de los consejeros denunció que se revivieron prácticas fraudulentas del pasado, no atribuidas al INE, las cuales fueron perfeccionadas, como las boletas planchadas, urnas embarazadas, inducción y coacción del voto.

Aunque descalificaron la entrega de acordeones y afirmaron que no se puede dimensionar la afectación en los comicios, los consejeros explicaron que la posibilidad de anular el triunfo de algún candidato o candidata quedará en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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