MÉXICO 5 MAYO 2016 (CIU).- El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como detonante del crecimiento y desarrollo de diversos ámbitos tanto políticos, económicos, como sociales, ha sido un asunto ampliamente analizado.

Precisamente, una de las esferas de interacción en la que la adopción de las TIC tiene el potencial mejorar la prestación de servicios públicos, es la procuración de justicia y, en particular, los procesos judiciales que despuntan las denuncias ciudadanas.

Las plataformas digitales y la conectividad del e-ciudadano auguran la realización cada vez más eficiente y eficaz de denuncias de menor impacto, como es el caso de robos a transeúnte o vandalismo. A la vez, está en capacidad de atender de forma expedita también aquellas transgresiones con las mayores agravantes.

En México existen diversos programas y planes sectoriales que proponen la implementación de TIC para la consecución de la justicia. Por ejemplo, el Programa para un Gobierno Cercano 2013-2018, plantea entre otras estrategias, “fortalecer la seguridad ciudadana utilizando medios digitales” a través de aplicaciones de denuncia ciudadana en diversas plataformas digitales.1  

Si bien estas estrategias ya están planteadas en el papel (o más bien, en formatos electrónicos), aun no se han materializado en indicadores que permitirían medir la efectividad e impacto de las mismas. Es en parte por esto que conviene asomarse a la información disponible y reconocer la ventana de oportunidades que abre la digitalización en materia de justicia.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Precepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2015 estima que durante 2014 se generaron 33.7 millones de delitos, de los cuales se denunciaron 10.7%.2  A su vez, se obtuvo que 49.1% de las denuncias en un Ministerio Público, tardaron 3 o más horas. 

Por otro lado, la encuesta indica que las denuncias presenciales ante el Ministerio Público y otras instancias de gobierno no son los únicos medios, puesto que provee información sobre aquellos delitos denunciados a través de páginas web, números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería corta.

Del total de las denuncias hechas en estos medios alternativos, 1.1% se hizo a través de páginas web y 0.5% por la vía de correos electrónicos que corresponden a direcciones de denuncia.

En la misma encuesta dos años atrás es posible identificar que entre las denuncias realizadas de manera alternativa, 1.7% se realizó a través de páginas web, mientras que 0.8% por correo electrónico. Por otro lado, se obtuvo que 48.4% de las denuncias en Ministerios Públicos tardaron 3 horas o más.

Los resultados de la encuesta de 2013 fueron significativamente mejores que los de 2015, atribuible a una vasta variedad de factores. Lo cierto es que el incremento del porcentaje de denuncias presenciales con una inversión de tiempo mayor o igual a 3 horas que arroja la ENVIPE 2015 frente a la de 2013, se encuentra acompañado de un ligera reducción en el uso de plataformas digitales.

Con todo, estos datos duros y métricas sustentan la conveniencia, e incluso la necesidad, de implementar el aprovechamiento de las TIC en los procesos de denuncia, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la eficacia y reducir los costos y tiempos en la procuración de justicia en México. Acompañado, de la creciente confianza y certidumbre del ciudadano mexicano en su sistema judicial, con las capacidades tecnológicas progresivas con las que contamos al 2016.

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