TIJUANA BC 9 DE MAYO DE 2012 (AFN).- Migrantes originarios de distintas partes de Latinoamérica que intentan cruzar hacia Estados Unidos, durante su paso por México, “son víctimas de extorsión y robos por parte del crimen organizado”, afirmó el diputado local, Francisco Javier Sánchez Corona.

 

Además, no sólo quienes intentan cruzar hacia el vecino país son violentadas en sus garantías individuales si no también aquellos que son deportados son víctimas de robos y delitos perpetraos por elementos de las diversas corporaciones policiacas.

 

Al año, dijo, cerca de 500 mil personas de diversos países son deportadas hacia México, de las cuales un 50% cruzan por Baja California y un 90% por Tijuana. Actualmente, señaló que no se cuenta con una institución que se encargue de llevar un registro de quienes llegan a territorio mexicano.

 

Aunado a lo anterior, explicó que a raíz de las deportaciones se originan distintos problemas “serios”, que inicia con el traslado de los migrantes, ya que regularmente llegan sin recursos, y también existen quienes pretender regresar a territorio norteamericano.

 

A su vez, en el caso de los menores, manifestó que son quienes se encuentran en una situación más vulnerable al ser un grupo expuesto a la trata de personas, sin que haya algún adulto o institución que pueda resguardarlos; también indicó que está el problema con los grupos indígenas que son estigmatizados debido a que hablan otro idioma, y por su apariencia física.

 

Propone apoyo estatal

 

Debido a esta problemática, el diputado presentó el jueves pasado una iniciativa de Ley que pretende que se ejecute la creación de una dirección estatal de atención al migrante, misma que se encargará de llevar el registro de cada persona que sea deportada.

 

Explicó que las funciones de la institución van en el sentido de que allí se genere toda la información necesaria para crear políticas públicas en el tema migratorio, que pese al incremento de las deportaciones y ser tratarse de una frontera, “no existen”.

 

También señaló que en la iniciativa manifiesta la necesidad de incrementar los recursos destinados a las organizaciones civiles que atienden este problema.

 

“Sí hay dinero para crear una institución así (…) las instalaciones serán pequeñas, además el Estado tiene un presupuesto de 33 mil millones de pesos que en su mayoría se va en gasto corriente”, sentenció.