*.- Los acusan de extorsión a narcotraficantes
*.- Quedan en libertad “por falta de elementos”
*.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado falla a su favor
Tijuana BC 18 de julio de 2014 (AFN).- Los cinco agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que fueron detenidos bajo el cargo de una supuesta extorsión a narcotraficantes quedaron en libertad definitiva y ahora acusan a sus entonces superiores de haberlos involucrado en ese delito, presumiblemente molestos por haber tocado a dos individuos “a los que daban protección” según denunciaron.
Los de nombre: Eduardo Agúndez Guadarrama, Marco Antonio López Martínez, Manuel Alejandro Toscano González, Fernando Cruz Borges y Jesús Israel Quintero Cabrera, presentaron a su vez una denuncia penal por los delitos de: abuso de autoridad, amenazas, falsedad ante autoridad “y lo que resulte” en contra del ahora encargado de “Inteligencia” de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Carlos Alberto Gómez Miguel y de Erick Lara Cabrera (todavía dentro de la PEP), a quienes acusan de haberles fabricado los delitos que los llevaron a ingresar a prisión.
En visita a Agencia Fronteriza de Noticias, los señalados relataron el caso ocurrido en septiembre 2013, cuando detuvieron a los hermanos Jesús María y Jorge Hurtado Duarte por la posesión de una impresionante cantidad de pastillas psicotrópicas e intento de cohecho, por parte del segundo.
La “mercancía” decomisada alcanzaba un valor en el “mercado negro” de $397 mil dólares, por lo que representaba uno de los “golpes” más importantes del momento. Sin embargo esto, refieren, en lugar de permitirles ser reconocidos por el trabajo realizado, fue lo que prácticamente les acaba su carrera policiaca.
Los agentes (quienes por las acusaciones recibidas estuvieron algunos días dentro del penal de La Mesa) quedaron en libertad por decisión unánime de los Magistrados propietarios de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciados J. Jesús Espinosa Orozco, Víctor Manuel Vázquez Fernández y Jorge armando Vázquez quienes el 10 de julio de este año determinaron que no había “elementos para procesar”.
“Esto demuestra, dijeron los agentes, que no salimos de prisión bajo fianza como días después dijo el Secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa Anaya, al que seguramente no informaron de la realidad en estos casos”.
Los elementos -que buscan su reincorporación a la PEP- afirmaron que sus entonces jefes -Gómez Miguel y Lara Cabrera- en lugar de apoyarlos, los remitieron ante el Ministerio Público Federal “de una manera burda” y obligando a otros agentes a mentir para que “mínimo pasáramos cinco años en prisión”.
Afirmaron que cuando detuvieron los hermanos Hurtado Duarte, éstos les demandaron que los dejaran en libertad afirmando “que estaban ´puestos´ con nuestros jefes, cosa que no creímos, pero que después nos dimos cuenta que así era porque sucedió lo que aquéllos nos advirtieron: que íbamos a tener problemas muy fuertes… Y los tuvimos”.
Al recordar el caso narraron que en la fecha de los hechos recibieron como orden de trabajo el realizar patrullajes por la zona Centro y el área de San Antonio de los Buenos en Tijuana, lo cual hicieron y que fue por la tarde cuando detectaron a Jesús María Hurtado Duarte cuando circulaba sobre la avenida de La Paz, a la altura del número 5451 de la colonia el Rubí.
Ellos se transportaban en las patrullas -con número económico 293 y 719- cuando detectaron la presencia del mencionado, en un vehículo Ford Explorer de color rojo; le marcaron el alto por parecerles sospechoso. Le encontraron una cantidad importante de metanfetaminas, así como heroína y mariguana.
Afirmaron que el hombre pretendió convencerlos de que lo dejaran en libertad, afirmando que recibía protección de los jefes mencionados y que si lo detenían “tendrían problemas muy graves y que él de todas formas recuperaría su libertad; llamó a su hermano Jorge, quien llegó y les ofreció $15,000 dólares estadounidenses.
Los agentes aseguraron que se reportaron a su Central para informar de lo sucedido y de lo que los detenidos alardeaban, por lo que recibieron instrucciones del Comandante Operativo Roberto Carlos Pérez García de establecer un filtro de revisión precautoria en la calle Miraflores de la misma colonia, hasta donde llegó el señalado para enterarse del caso. Por esto, en todo momento prácticamente los acompañó, hasta que luego fueron acusados y remitidos ante la autoridad federal.
Añadieron que después de que Pérez García habló con los detenidos les ordenó trasladarse a la Base de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva en la Zona Río de Tijuana, por lo que se fueron a ese lugar llevando consigo a los detenidos. Ya estando ahí –a las 16:15 horas- los agentes trasladaron a los sospechosos hacia la zona de celdas, en tanto que otros de los agentes acusados, empezaron a bajar de la unidad patrulla número 193 las pastillas sicotrópicas decomisadas a los mencionados.
“Se trataba de varios miles de pastillas que se contenían en diversos frascos y que tienen un valor muy alto en el mercado negro” dijeron. Pese a eso, los agentes fueron acusados de pretender extorsionar a los detenidos y sacar ganancia de estos hechos.
“Si así hubiera sido no habríamos informado a la Central sobre la detención de estos individuos ni tampoco los hubiésemos presentado en las instalaciones de la PEP” comentaron los denunciantes, quienes afirmaron que cuando a ellos los remitieron ante la autoridad Federal, trataron de hacer creer que los detuvieron en aquella delegación por lo que “ni nuestros propios compañeros de Tijuana aceptaron firmar el parte”.
Para esto, aseguraron que echaron mano de agentes comisionados en otras partes -como Ensenada- a los que trajeron exprofeso para esto y que firmaron indebidamente, ya que no atestiguaron los hechos y no fueron los que hicieron la detención. Por otra parte aseguraron que también firmó ese “parte” el director de Asuntos Internos de la Secretaría, Humberto Reyes Moreno, quien por no ser policía no está facultado para esto.
Antes de llevarlos detenidos, aseguran que el entonces Subdirector Operativo de la PEP, Carlos Alberto Gómez Miguel se entrevistó hasta en un par de ocasiones con los detenidos, en tanto que con ellos -sus agentes- se mostró sumamente molesto y hasta amenazador. Por esto, tanto a él como a Lara Cabrera los responsabilizan “de cualquier cosa que pudiera ocurrirnos”.
Según lo narrado por estos agentes, ya durante el proceso al que fueron sometidos, algunos de sus compañeros acudieron para atestiguar en el caso y negaron que las cosas se hubiesen dado como las manifestaron sus superiores: “incluso el comandante Pérez García, aparentemente se arrepintió de haber mentido en este caso, ya que en sus declaraciones ante el juez también negó lo que dijo primero y atestiguó a favor de ellos.
Por todo esto, a ellos se les decretó la libertad por parte los Magistrados, en tanto que a los narcotraficantes, las autoridades federales les reclasificaron el delito y les “tumbaron los cargos por delitos contra la salud, dejando tan sólo el de cohecho”.
Los agentes manifestaron que “esto nos hace pensar que los delincuentes siempre tuvieron razón y que sí estaban apalabrados con los jefes, debido a que como ellos nos advirtieron, nosotros tuvimos problemas y ellos la tuvieron fácil”.
Por otra parte, ya con la resolución de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia los agentes estatales decidieron proceder legalmente en contra de: “Carlos Alberto Gómez Miguel, por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ante las autoridades y amenazas; contra Erick Lara Cabrera, por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ante las autoridades y amenazas; en contra de Humberto Reyes Moreno Morales, por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ante las autoridades y contra los otros agentes, también por falsedad ante las autoridades.
