TIJUANA BC 21 DE JUNIO DE 2012 (AFN).- En México, intervenir y escuchar llamadas telefónicas es un instrumento legal que, con las autorizaciones pertinentes, permite avances en materia de investigaciones, señaló el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Óscar Vega Marín.

Cuestionado sobre las recientes denuncias de parte del Congreso local contra diversas autoridades del gobierno de Baja California, sobre presuntas acciones de espionaje y grabación de conversaciones con fines de tipo político, el funcionario federal expuso que tiene confianza de que el gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, en caso de haber adquirido equipo de investigación que incluya sistemas para intervenir y grabar llamadas telefónicas, haya sido dentro del marco legal.

“El gobierno del estado ha sido claro en decir que no hay hecho ese tipo de trabajo (…) en este país la escucha telefónica es un instrumento legal que con las autorizaciones pertinentes permite avanzar investigaciones, no conozco el caso particular de la entidad”, afirmó Vega Marín, quien enfatizó que deberá ser la Procuraduría General de la República (PGR) quien investigue los señalamientos del congreso.

Ayer por la tarde se dio a conocer, mediante un comunicado, que en la comparecencia donde declararon funcionarios estatales por denuncias de presunto espionaje, el secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides aceptó que esta administración sí compró equipo para intervenir llamadas.

Vega Marín, quien visitó este jueves la ciudad para realizar diversas actividades en cuestión de seguridad, fue cuestionado sobre el caso y también el ocurrido recientemente en el Estado de México, y se le expuso la difusión de una conversación entre el legislador del PRI Eli Topete y el ex diputado estatal Enrique Acosta Fregoso, donde hablan de supuestas irregularidades en amparos para lograr importar vehículos usados a esta frontera.

El funcionario federal aseguró que deberá existir una sanción para quien haya incurrido en estos actos en caso de no contar con el debido permiso, aunque explicó que en el caso de que los gobiernos decidan intervenir llamadas, existe un marco legal que los ampara para realizar tales acciones.

Sin embargo, agregó, cuando esto no ocurre así y se actúa bajo el clandestinaje, se incurre en un delito federal, y si este fuera el caso, en ambos casos el tema “deberá ser corregido”.

Vega Marín agregó que las personas que se sientan afectadas por estas situaciones, tienen que denunciar ante las instancias adecuadas para que sean ellas quienes se encarguen de determinar si hubo o no alguna violación a las leyes constitucionales, ya que existen situaciones donde sí está permitido intervenir llamadas o grabar conversaciones.

Cuestionado sobre cuándo intervenir llamadas es legal y cuándo no, Vega Marín dijo que las secretarías de seguridad y de inteligencia de los gobiernos estatales realizan trabajos de investigación e inteligencia, y en algunos casos requieren de “estas herramientas”, dando como ejemplo las llamadas que se realizan dentro y desde las penitenciarías, o ante casos de denuncias por extorsiones.

Confía en Osuna y anuncia recursos

Por otra parte, el secretario dijo desconocer si el gobierno del Estado compró equipo para intervención de llamadas como parte de tácticas de espionaje, y en caso de que se haya tomado esa decisión, expuso su confianza de que Osuna Millán haya actuado basados en la legalidad, ya que no existen elementos que indiquen lo contrario a las declaraciones que ya ha dado sobre el tema.

Vega Marín anunció también que a través de los recursos que otorga el gobierno Federal, en el caso de Mexicali y Tijuana habrá un apoyo adicional, ya que se inicialmente se tenía gestionado para cada uno un monto de 95 millones de pesos, y aunque la desconoce es un hecho que finalmente esta cifra será mayor.

El secretario estuvo presente durante el desayuno que organizan semanalmente los miembros del Grupo Madrugadores de Tijuana, en un conocido hotel del bulevar Aguacaliente.