*.- Siguen dispuestos al dialogo con empresarios, responden

TIJUANA BC 21 DE MAYO DE 2019 (AFN).- El gobierno estatal defendió su proyecto de refinanciamiento de deuda y reiteró que son falsas algunas de las afirmaciones hechas por Rodrigo Llantada, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, aunque reiteró que seguirán abiertos al dialogo en las mesas conjuntas de trabajo para escuchar y debatir los argumentos de las partes.

En entrevista con AFN POLITICO Y ALGO MÁS, los subsecretarios de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño; de Finanzas Miguel Ángel López; y de Sidue, Oscar Gracia, defendieron igualmente los proyectos de APP validados recientemente por el Congreso del Estado.

Respondiendo a las afirmaciones que en días pasados hizo el dirigente del CCE mexicalense en AFN, Miguel Ángel López aseguró que el costo de refinanciar las diferentes deudas contraídas por el gobierno estatal alcanzaría un máximo de cinco mil millones de pesos en uno de los tres escenarios que se analizan en el proceso de negociaciones con diferentes bancos, pero el monto puede ser menor según la opción que se elija.

Eventualmente, aseguró el Subsecretario de Finanzas, de los más de 11 mil millones de pesos que integran la deuda, tal vez solamente se concrete el refinanciamiento de poco más de ocho mil millones. Esto también reduciría el monto que se pagaría a un despacho especialista que se haría cargo del proceso y tentativamente el costo sería aproximadamente de 120 millones de pesos. En este terreno negaron haber elegido ya un despacho para esa parte del proceso, y que el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, esté vinculado y pudiera ser un beneficiario de ese contrato.

El funcionario estatal dijo que la administración estatal tiene la justificación legal para contratar ese servicio externo, que exige contar con personal altamente calificado que en estos momentos el gobierno de Francisco Vega no tiene en su plantilla, y que tampoco tiene la obligación de tener para atender dichos temas. La ley, agregó, prevé que los gobiernos puedan contratar externamente ese tipo de servicios.

Carlos Reynoso negó que el gobierno estatal tenga personal incapaz y señaló que la Secretaria de Planeación y Finanzas está atendiendo “el día a día” del manejo financiero de la administración estatal.

El Subsecretario de Finanzas dijo por otra parte que tanto el refinanciamiento de la deuda como el nuevo adeudo que estarían contrayendo, junto con las demás acciones del manejo administrativo, tienen el propósito de dejar condiciones financieras favorables y mayor margen de maniobra para la administración siguiente, y no existe riesgo alguno de que la calificación que hoy tiene el gobierno estatal, actualmente en semáforo ámbar, cambie a rojo sino a verde una vez que se evalúe la cuenta pública de 2018, lo cual ocurrirá en breve.

Respecto al proyecto APP de vialidad de cuota entre el cañón Emiliano Zapata y la avenida internacional, rechazaron la versión empresarial de que el gobierno estatal dejó perder la oportunidad de recibir un subsidio federal de hasta el 40 por ciento al haber licitado la obra con las reglas de la Ley Estatal de APPs, en vez de usar la Ley Federal de APPs.

El gobierno estatal nunca recibió tal ofrecimiento de parte de la federación, dijeron Reynoso Nuño y Oscar Gracia, Subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quienes aseguraron además que el proyecto cumple todos los requisitos de orden estatal y federal en materia de Asociación Publico Privada.

También señalaron que el costo de la obra será de 1,468 millones de pesos, pero se elevará a más de 11 mil millones considerando el costo del financiamiento, mantenimiento y otros conceptos de operación de la vialidad a lo largo de los 27 años que funcionará antes de su entrega a la administración estatal, y aparece así en el decreto aprobado por el Congreso local porque es una cifra que se estipula para efectos del registro ante la Secretaria de Hacienda solamente, y es la empresa, no el gobierno estatal, el que deberá cubrir esa cantidad.

Finalmente justificaron el proyecto de construcción de la planta Desalinizadora de Rosarito en los términos en que está planteando, y negaron que este vaya a generar un aumento en las tarifas del agua potable a los consumidores hasta en un 30 por ciento, como afirmó Rodrigo Llantada.